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Honduras
Costa Rica ha definido un plan para contrarrestar los efectos de la crisis financiera mundial, lo que le ha valido elogios de la comunidad internacional.
El “Plan Escudo”, como fue bautizado por el presidente costarricense óscar Arias Sánchez, descansa en cuatro sectores fundamentales: familias, trabajadores, empresas y financiero.
Por la importancia de su contenido, EL HERALDO presenta un resumen de las medidas más importantes.
Familias
El presidente Arias Sánchez anunció un aumento de 15% en las pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Además, un proyecto para dotar de alimentación, durante los fines de semana, a los niños y niñas que acuden a los Cen-Cinai en los 37 cantones de menor desarrollo humano del país.
Este es un proyecto piloto que dará inicio con más de 16,000 familias, y se irá ampliando paulatinamente a todo el país.
También se ampliarán los beneficiarios del programa Avancemos. El año pasado, 132,000 jóvenes recibieron becas con este programa, y 17,000 lograron graduarse del colegio.
Este año, se pretende llevar el número de beneficiarios a 150,000.
Trabajadores
Se implementarán nuevas modalidades de trabajo ante la crisis, dentro de las que se incluyen la Ley de Protección al Empleo en Momentos de Crisis, el impulso al teletrabajo y el proyecto de ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales.
Se impulsará en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que establece un acuerdo entre patronos y trabajadores por medio del cual, y en vista de la crisis, las empresas se comprometen a reducir el número de horas laboradas por sus empleados, sin reducir el valor de la hora que se le cancela al trabajador, y con la condición de no realizar despidos.
Es preferible que, por un corto período de tiempo, dos personas realicen la mitad del trabajo y ganen la mitad del salario, a que una de ellas pierda su empleo para siempre.
Al lado de este proyecto de ley, se dará un decidido impulso al teletrabajo en la empresa privada.
Esta modalidad laboral ha traído grandes beneficios para el sector público, y se calcula que la Administración se ahorra 100,000 colones mensuales por cada trabajador que se acoge a esta forma de empleo.
Las empresas deben considerar reducir costos con este sistema, antes de reducir sus planillas.
En tercer lugar, y como medida a largo plazo, se reformará el Código de Trabajo para incluir otros tipos de jornada laboral, como la modalidad de cuatro días a la semana con tres días libres, y la jornada anualizada, en la que se labora menos horas en los días de temporada baja, cumpliendo siempre con el salario mínimo.
La introducción de estas modalidades en la legislación tendrá, como lo ha tenido en otros países, un efecto directo sobre la creación de empleo.
Aunado a estas tres medidas, y siempre con el interés de preservar los puestos de trabajo, el INA pondrá en marcha un ambicioso programa de becas para capacitar a 5,000 trabajadores de empresas afectadas por la crisis.
A empleados en riesgo de ser despedidos, el INA les asignará una beca mensual de 200,000 colones, con la condición de que el patrono cumpla con ofrecer infraestructura para las lecciones, el pago de las cargas sociales y la estabilidad de los empleados que formen parte del programa de capacitación.
Así, una empresa que se vería obligada recortar personal sólo como medida temporal y para enfrentar la crisis, puede conservar su planilla y al mismo tiempo capacitar a sus empleados en áreas como inglés, computación y manejo de micro, pequeñas y medianas empresas.
Para los trabajadores que hayan contraído préstamos de estudio, Conape se comprometió a no aumentar las tasas de interés durante este año.
A aquellos trabajadores que están pagando préstamos y pierdan su empleo, se les concederá una amnistía también por un año, para que puedan encontrar un nuevo empleo antes de entrar a proceso de cobro.
Quienes terminen sus estudios durante 2009, momento en el cual deben empezar a pagar sus préstamos, se les concederá un plazo extraordinario de hasta un año para conseguir trabajo y empezar a pagar. Actualmente, ese plazo es de dos meses.
En vista de la crisis, este año el sector público reforzará su función empleadora, destinando alrededor del 5% del PIB a inversión.
A través de un fideicomiso, el Ministerio de Educación Pública dará inicio a un programa para invertir más de 100,000 millones de colones en infraestructura educativa
Empresas
La prioridad serán las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las grandes empleadoras del país, y el motor de desarrollo de las comunidades.
Gracias a la ley de Banca para el Desarrollo se cuenta con la institucionalidad necesaria para canalizar recursos a los pequeños productores, afectados por la crisis internacional.
Este año se dispondrá recursos por el monto de 222,700 millones de colones, que destinarán a los agricultores, a los artesanos, a los lecheros, a los pulperos, a todos los que habitualmente encuentran dificultades para acceder al crédito en la banca comercial.
También se ha solicitado a los bancos estatales y al Banco Popular, que consideren la readecuación de deudas para las empresas, particularmente las que dependen de créditos pequeños, así como a las cooperativas.
Se ha recibido el compromiso de los bancos de reducir las tasas de interés en un 2% para los préstamos destinados a micro, pequeña y mediana empresa.
El Infocoop ha tomado la decisión de reducir en 1% la tasa de interés en su cartera de microcrédito.
Además, para asegurarse de que las empresas cuenten con incentivos para invertir, se firmará un decreto para establecer una medida temporal durante el año 2009, prorrogable a 2010, para aplicar una depreciación acelerada de activos.
Para apoyar a las empresas que sirven como proveedores del sector público, la administración reducirá a 30 días naturales el plazo máximo para cancelar sus facturas.
En agosto del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto extraordinario por más de 14,000 millones de colones, dirigido al fortalecimiento del sector agrícola.
La inversión extranjera y las exportaciones disminuirán este año, pero se procurará captar cada dólar disponible.
Para lograrlo, sin embargo, es indispensable dar seguridad jurídica al régimen de zonas francas en Costa Rica, que ha jugado un papel protagónico en el desarrollo reciente.
El gobierno trabaja en un proyecto de reforma a la Ley de Zonas Francas que permita no sólo enfrentar de mejor manera la crisis, sino cumplir con los compromisos adquiridos con la Organización Mundial del Comercio.
Financiero
De las medidas adoptadas en este sentido, la más importante ha sido la capitalización de los bancos del Estado, por 117.5 millones de dólares. Sin embargo, es claro que la medida de capitalización es limitada y temporal.
Para asegurar de manera permanente la suficiencia patrimonial de los bancos del Estado, se impulsa en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley sobre deuda subordinada, con el que los bancos públicos adquieren la potestad de emitir este tipo de contratos de crédito, que hasta ahora sólo podían acordar los bancos privados.
Como última medida de este plan, se ha tramitado con el BID un préstamo por 500 millones de dólares, para fortalecer al Banco Central en su capacidad de respaldar a los bancos nacionales.