Empresarios no respaldan recurso contra etiquetado

El titular de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), Fredis Cerrato, afirmó que el recurso de amparo contra el etiquetado de productos de la canasta básica no está en consenso del sector empresarial, y fue interpuesto por empleados del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), "para quedar bien con sus jefes".

Cerrato aseguró que los empresarios en su mayoría están de acuerdo con etiquetar los productos en beneficio de la población hondureña.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), pidió que retiren el recuso de amparo, ya que la cúpula empresarial “quiere estar en armonía con los consumidores”, aseveró.

Algunas empresas como las distribuidoras de pollo quieren una reunión para discutir el mecanismo para el etiquetado, debido a que esta industria saca al mercado más de 100 productos diferentes, detalló el titular de la SIC.

La medida entró en vigencia el 28 de febrero y Fredis Cerrato dijo que abarca todo tipo de productos y servicios y que no habrá ninguna prórroga del proceso.

Ley de Protección al Consumidor

La disposición está incluida en la Ley de Protección al Consumidor, vigente desde julio de 2008, y contempla que es un deber etiquetar los productos de bienes preempacados o envasados para el consumo o la salud.

Dichos insumos deberán tener los siguientes requisitos: nombre o denominación, origen o procedencia, contenido neto, cantidad o especificación de medidas, fecha de fabricación y vencimiento o plazo recomendado para el uso o consumo cuando estos los requiera de información nutricional, cuando aplique, así como las instrucciones, advertencias y contraindicaciones relativas a la utilización o consumo.

La norma ya se aplica en los negocios, mercaditos, supermercados y pulperías para evitar cobros desleales de parte de especuladores contra los consumidores.

Un ejemplo es la leche, que ya está marcada con un precio sugerido de 15.50 lempiras y quienes la comercialicen a un valor superior incurrirán en sanciones de hasta diez salarios mínimos mensuales, cierre del establecimiento o suspensión del servicio hasta por un mes.

Además, la privación de la libertad de uno a cinco años a aquellos acaparadores con bienes esenciales para el consumo o la salud, con el propósito de provocar el alza de los mismos.