Eliminarán exoneraciones por L. 2,853 millones

Como una acción necesaria para fortalecer las finanzas públicas del país, se introducirá al Congreso Nacional una ley para eliminar exoneraciones fiscales al sector privado por un monto de 2,853.0 millones de lempiras, unos 150 millones de dólares.

La información fue brindada por la ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, luego de sostener una reunión con la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), a quienes se les presentó la Ley de Ordenamiento y Justicia Fiscal.

La funcionaria manifestó a EL HERALDO, de manera previa, que el país cerraría con un déficit fiscal de un 4.5 por ciento y una merma de ingresos corrientes estimada en 6,600 millones de lempiras. Está cerrada también la "válvula financiera" de los organismos financieros, estimada en unos 5,000 millones de lempiras y que nutre un 10 por ciento del Presupuesto General de la República del Gobierno Central.

"Con la Ley de Ordenamiento y Justicia Fiscal limitarán los beneficios brindados por leyes y también el tipo de bienes de capital e insumos que serán elegibles para acogerse a las exoneraciones de impuestos correspondientes a los diferentes regímenes", indicó.

Según la funcionaria, la referida acción es el primer paso de un proceso de reforma que permitirá una "inmediata readecuación de los ingresos fiscales del Estado". Las modificaciones legislativas se aplicarán a todas las normativas que brindan exoneraciones fiscales, no vinculadas con el sector de exportación.

El sector privado, funcionarios legislativos y judiciales, así como organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otras instituciones de la sociedad, se benefician con exoneraciones fiscales, dispensas y exoneraciones del pago de tributos.

"En este momento, varias empresas gozan de los beneficios acumulados de dos o más normativas. Se busca que estas empresas se definan por integrarse a un solo régimen especial", expresó.

Núñez descartó que las industrias o los comercios que se lucran con estos beneficios interpongan acciones legales en contra del gobierno del presidente Roberto Micheletti, porque se concertan estas medidas con los diferentes actores.

Dispensas

Los diputados al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano y magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen seis meses para utilizar la dispensa -de manera intransferible- que les permitirá importar su vehículo libre de impuestos, en el caso de que no lo hayan hecho; de lo contrario la perderán. "Todas estas dispensas quedarían derogadas si así lo dispone el Congreso", dijo Núñez. También se limitarán los puertos de entrada para los insumos que estas empresas importan. Conatel determinará, en el marco de la Ley de Emisión del Pensamiento, cuáles son los insumos y equipos cuya importación al país está exonerada del pago de impuestos.

* A revisión: La ley de incentivos al turismo, la de Zona Libre de Roatán y la de Zonas Agropecuarias, entre otras cinco normativas que están vigentes, serán revisadas.

Regularán créditos

Inversión. La ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, expresó que en el transcurso de la presente semana buscarán una solución para utilizar un fideicomiso que financiará la construcción de vivienda popular.

Los recursos pendientes de desembolso se estiman en 1,100 millones de lempiras. En el proceso de análisis que comenzó ayer participan representantes de la banca privada, del Banco Central de Honduras (BCH) y de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).

"Buscarán una salida para solventar la suspensión temporal de recursos. Se busca ordenar el manejo de los fondos para reactivar la economía", indicó. Los recursos fueron destinados para generar empleos y no pueden ser empleados en el pago de deudas.

"Buscamos regular la utilización de este dinero porque su uso se contempla de una manera amplia, incluso para cancelar deudas, y ese no es el objetivo".