Honduras
La conclusión fue unánime: no a la concesión de la represa de Nacaome.
Alcaldes, diputados, regidores, productores, presidentes de patronatos y de juntas de agua, de 90 comunidades de la zona sur de país se reunieron el fin de semana para declararse en alerta ante la intención del gobierno de concesionar la represa a un consorcio italo- hondureño. Kenneth Rivera, coordinador del proyecto Nacaome, en representación de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), informó los resultados de la reunión.
"Las 90 comunidades están en sesión permanente y llegarán al Congreso Nacional en el momento que la comisión electa para investigar el procedimiento de concesionamiento finalice el informe y se llegarán a medidas extremas como la toma de carreteras", dijo Rivera. Para los asistentes a la reunión, que se extendió por cinco horas, la situación es clara, "no necesitamos regalar 4,000 millones de lempiras que se han invertido en la represa por un millón de lempiras que pretende pagar el consorcio en concepto de cannon".
Las solicitudes que realizarán las comunidades tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo es en primera instancia que se detenga por completo la publicación del decreto de concesionamiento en el diario oficial La Gaceta.
En segundo lugar se propone que un consejo local y el gobierno se haga cargo de continuar con las obras que requiere la represa para entrar en completo funcionamiento, considerando que el gobierno de Italia confirmó la existencia del financiamiento para concluir la obra.
"Se tiene la carta de la cooperación italiana donde se confirma la disponibilidad del financiamiento de 26 millones de euros, que se pueden utilizar para elevar la compuerta", comentó Rivera.
Agregó que "el consorcio italo-hondureño ha dicho que elevarán las compuertas y aumentaría de 29 a 43 millones de metros cúbicos de agua en la represa, pero el gobierno ya tiene ese financiamiento, no hay necesidad de concesionar la represa porque ya se cuenta con los fondos", subrayó.
Otro reclamo de los asistentes a la reunión es el hecho de que la empresa a quien se le está adjudicando el proyecto no cuenta con un registro en el Colegio de Ingenieros de Honduras, ni en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción".