Diputados se 'arrepienten' de favorecer concesión

En un acto de "arrepentimiento", tres de los cuatro diputados que suscribieron el dictamen favorable a la concesión de la represa José Cecilio del Valle, solicitaron a la instancia legislativa que retiraran sus firmas del referido documento.

El 13 de enero de 2010 se aprobó un rosario de contratos de obras públicas, entre el cual estaba el de la concesión por 25 años de la represa Nacaome (Enasa). Solo cuatro de los 10 congresistas que integraron la comisión dictaminadora suscribieron este documento durante la última sesión celebrada en la cuarta legislatura.

La confesión

"Tomé la determinación de firmar porque el ingeniero Valentín Suárez, presidente de la comisión de infraestructura me explicó que -el contrato- estaba analizado, que no existía ningún problema y que urgía. Me dijo que el proyecto tenía el informe final, en lo que respecta al estudio de factibilidad técnica y económica.

Además, que era rentable, viable y conveniente para los intereses del Estado", dijo a EL HERALDO, el diputado Miguel Ángel Gámez. Nos dijeron, continuó, que si no se aprobaba este proyecto se perdería el dinero de una donación. Gámez junto con los diputados Valentín Suárez, José Darío Gámez y Ramiro Adalid Chacón, rubricaron el dictamen favorable al contrato de concesión para el mejoramiento, operación y la explotación de la central hidroeléctrica de Nacaome. Sin embargo, a los miembros de la comisión no se les entregó la copia del contrato, el estudio de factibilidad o el dictamen de Soptravi o de la Secrearía de Recursos Naturales.

De acuerdo con el congresista, este proyecto fue introducido a la Cámara Legislativa de manera directa por la junta directiva del Congreso a iniciativa del Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Obras Pública (Soptravi), remitido en aquel entonces por el ministro Rosario Bonanno.

"El proyecto iba con una premura terrible, por eso, tampoco, se discutió en la Cámara Legislativa. Un diputado del ala liberal solicitó la dispensa de debates", señaló Gámez.

"Para mí no estriba el hecho de firmar un dictamen que exista un pecado, porque el dictamen va a discusión del pleno, donde se aprueba o imprueba. Sin embargo, no hubo una discusión amplia porque se le dispensaron los debates, nadie tuvo la oportunidad de discutir el proyecto", dijo.

Retroceso

Luego de que EL HERALDO presentó una serie de reportajes sobre esta concesión, la diputada Ana Julia García, solicitó en el pleno del Congreso conformar una comisión investigadora que rendirá su informe en la presente semana. "En ese momento, pedimos tanto el ingeniero Darío Gámez como su servidor, que se investigara al respecto y solicitamos al presidente de la comisión de infraestructura que se retirara mi firma del dictamen".

La diputada García, añadió, nos dijo que este era un proyecto "leonino, que se perdería una donación por 25 millones de euros prometida por el gobierno de Italia". "De los cuatro que firmamos, tres retiramos la firma del dictamen. Creo que solo mantuvo su firma el ingeniero Ramiro Adalid Chacón Ferrufino, es posible que él no se daba cuenta de que fuimos sorprendidos", indicó.

"El l ingeniero Valentín Suárez me dijo que retirara la firma de esa babosada, porque fuimos sorprendidos en nuestra buena fe, por quien introdujo el proyecto a la cámara. La remisión vino de parte de Soptravi, eso está claro", señaló Gámez.

Si es necesario, hay que anular concesión

El ex presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, pidió a las autoridades correspondientes hacer una investigación profunda sobre esa concesión y prometió colaborar.

Fue durante su gestión que se aprobó el contrato que surgió a iniciativa del entonces titular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) Rosario Bonano, quien ha preferido mantener silencio sobre esta cuestionada medida.

Saavedra no evadió responsabilidad del Congreso porque fue la institución que la aprobó; sin embargo, recordó que fue decisión del Pleno y que para tomar esa decisión hubo un dictamen favorable. Se preguntó por qué los diputados que se opusieron a firmar el dictamen no dijeron nada al momento de aprobarse la iniciativa de Bonano.

Entre estos diputados Ana Julia García, Manuel Velásquez, Salomón Pineda, Manuel Iván Fiallos y Joaquín Rodríguez. Corrieron a firmar el dictamen Valentin Suárez, Miguel Ángel Gámez, José Darío Gámez y Ramiro Chacón. "La autoridad competente debe realmente iniciar una investigación a profundidad, llegar a fondo para que de una vez por todas, si realmente si hay una situación irregular, hay que cancelarla", dijo Saavedra.

"Al pueblo hondureño hay que darle un mensaje de transparencia y el

único que le puede dar, ante tanto juego de intereses, una salida objetiva, es la autoridad competente", añadió.

"De esa manera quedaríamos todos tranquilos porque el pueblo hondureño tiene derecho a tener la verdad, que solo la podemos encontrar mediante una investigación porque unos dicen una cosa y otros, otra".

Según Saavedra, en esta concesión "hay un juego de intereses que sería interesante que mediante una investigación profunda, se llegue a conocer la verdad.".

Micheletti la defiende

Roberto Micheletti, ex presidente interino, quien sancionó el decreto antes de abandonar sus funciones, defendió la decisión legislativa. "Esa es una represa que durante 17 años funcionó sin ningún servicio para nadie. Pocas municipalidades fueron beneficiadas y hoy la intención de esa compañía es levantar las cortinas, producir energía, riego y agua potable. Eso es lo que a mí se me explicó y es lo que yo creo", dijo.

"Si aquí seguiremos con el temor a las concesiones, aquí no vamos a salir adelante. Por eso yo recomiendo al presidente Lobo Sosa que cuantas concesiones vengan, que se hagan, siempre procurando que se hagan enmarcadas en las leyes de la República y en el derecho que tendrán los trabajadores". Sin embargo, Micheletti afirmó que está dispuesto a aceptar a que la Fiscalía investigue el caso.

Comisión pide asistencia a la Fiscalía y al TSC

La diputada Ana Julia García informó que se solicitó por escrito a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) que detalle el proceso mediante el cual se adjudicó la represa de Nacaome a un consorcio italo-hondureño.

También gestionó de manera oficial que tanto el Tribunal Superior de Cuentas como la Fiscalía investiguen el referido proceso efectuado por Soptravi.

"A la comisión dictaminadora y a los miembros de la Cámara Legislativa no se les brindó la suficiente información respecto a la concesión de la represa", expresó.

Según García, los seis diputados que se abstuvieron de firmar el dictamen del proyecto no conocieron el contrato, el estudio de factibilidad y otros documentos vinculados. "Nos entregaron un decreto con dos artículos cinco minutos antes de iniciar la sesión legislativa", dijo.