2,500 millones en salarios de “paracaidistas”

Por cada lempira que el gobierno recauda en impuestos, casi siete centavos son destinados para mantener una excesiva burocracia.

La partida salarial para este ejercicio fiscal es de 31,300 millones de lempiras, de los que expertos en la materia consideran que se derrochan unos 2,500 millones en pagos a una gran cantidad de empleados que están en cargos duplicados y otros en puestos que no se justifican como partes de la administración pública.

Para 2010, la meta de recaudación tributaria es de 41,000 millones de lempiras, superior a los 39,106 millones captados el año previo.

Arturo Alvarado, ex secretario de Finanzas, ha venido advirtiendo del peligro que significa la creciente masa salarial.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, ha venido exigiendo el recorte de personal para reducir el gasto corriente, pero esa propuesta ha quedado en clamor.

El propio secretario de Finanzas, William Chong Wong, ha admitido que no se puede aprobar más impuestos para cancelar salarios.

Entre el año 2009 y 2010, la asignación de sueldos y salarios aumentará de 28,370.5 a 31,316.3 millones de lempiras, o sea 2,945.8 millones más.

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional de la República y se espera que se haga entre marzo y abril, antes de que se logre un arreglo con el Fondo Monetario Internacional.

Para este año la relación salarios respecto a ingresos tributarios será: por cada lempira recaudado, 76 centavos serán para cancelar las remuneraciones de los burócratas.

Burocracia

Cifras oficiales revelan que el gobierno central emplea 135,001 personas, de las que 116,413 están por acuerdo -permanentes- y 18,588 por contrato -eventuales-.

La administración de Porfirio Lobo Sosa ha comenzado a separar a centenares de empleados temporales, siendo la Dirección Ejecutiva de Ingresos la última institución que canceló los contratos de trabajo a 742 burócratas. Anteriormente se habían despedidos unos 7,000 empleados eventuales de la Secretaría de Educación Pública, Salud y Soptravi, entre otros.

Entre el personal por contrato van desde jornales, quienes devengan 5,500 lempiras mensuales, hasta asesores o asistentes de ministros, quienes devengan salarios máximos de 50,000 lempiras.

La política de la "escoba azul o roja" es común en cada cambio de gobierno y responde más a las presiones para emplear a los seguidores del partido en el poder que a una estrategia para reducir la planilla salarial.

La mayor parte de los asalariados del sector público corresponden a docentes, policías, médicos, enfermeras y personal por servicio civil. Con la asunción de Lobo Sosa, el 27 de enero de 2010, las oficinas públicas pasan abarrotadas de recomendados políticos, quienes andan en busca de un puesto para laborar en cualquier institución de la administración central.

Promesas incumplidas

Cuando un presidente asume la presidencia de la República promete lo mismo: una política salarial equitativa y fiscalmente sostenible, la que introduce nuevos criterios de retribución basados en méritos y desempeños, en función de la inflación esperada estimada por el BCH.

Además, siempre repiten la historia: nuevas contrataciones serán en las áreas de educación, salud y policías, pero al cierre de cada año se inflan las planillas en varios ministerios.

En 2009, la masa salarial respecto al PIB alcanzó la cifra histórica de 10.2%, la que mostró en los últimos cuatro años una curva ascendente, contrario al decrecimiento que registro de 2002 a 2005, cuando se aprobaron una serie de medidas para contener el gasto salarial, como parte de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional.

El gobierno cuenta con varios estudios para racionalizar el gasto salarial, pero las medidas se han aplicado de manera parcial y por eso los resultados no se han visto reflejados en las finanzas públicas, al contrario, la carga ha registrado un creciente incremento.

Acciones

Con el objeto de racionalizar el gasto en salarios quedarán restringidos los aumentos selectivos, los cuales requerirán un dictamen calificado de la Secretaría de Finanzas para aquellos casos que por razones excepcionales se ameriten.

El FMI ha pedido en varias ocasiones a los gobiernos de Honduras adoptar medidas más severas para frenar la masa salarial, ya que esta cada año presiona más las finanzas públicas y, sobre todo, el déficit fiscal, que en los últimos dos años se cubrió con la emisión de endeudamiento interno.

Mejora administración por gasto en salarios

Aporte. Conforme a estimaciones basadas en información de la Secretaría de Finanzas, el valor agregado bruto de este sector en términos reales refleja un aumento de 6.9% (4.1% en 2008), originado por el incremento en las remuneraciones pagadas por la administración central para la prestación de servicios la comunidad.

Entre 2008 y 2009, el gobierno central pasó de gastar en salarios 24,511 a 28,370.5 millones de lempiras, equivalente aun incremento de 3,859.5 millones, lo que se explicó por la contratación sin imputación presupuestaria de más de 5,000 docentes.

Eso explica el repunte de la administración central, la que se caracteriza por gastar casi la mitad de su presupuesto anual en salarios.

Entre las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacan hacer mayores esfuerzos para definir una política salarial sostenible, que busque mantenerse entre 9.2% y 9.5% del PIB en el corto y mediano plazo, pero eso no será posible mientras se continúe viendo la administración pública como una de las mejores fuentes de empleo para los activistas políticos.