Se aviva polémica por nuevo salario mínimo

Entre la espada y la pared. La reciente aprobación legislativa de medidas de ajuste fiscal impulsan a los obreros a demandar un incremento, vía decreto ejecutivo, del salario mínimo, mientras el sector privado advierte que cerrará empresas y despedirá empleados.

La Ley del Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público fue aprobada por el Congreso Nacional antes del inicio de la Semana Santa.

El gobierno estima que mediante la aplicación de una serie de medidas tributarias y fiscales recaudará unos 5,000 millones de lempiras adicionales.

El impacto

El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, expresó que la aplicación del referido "paquetazo" de medidas afectará a un 80 por ciento de la población más pobre de Honduras.

"Sabemos que los incrementos a los costos de producción, a los alquileres y a los insumos que sufran los empresarios serán trasladados a los consumidores finales", indicó el dirigente.

De manera reciente el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, advirtió que las personas con capacidad de pagar el monto de estas medidas, también poseen la facultad para cobrar.

Durón temió que en los próximos días se eleven los precios de la canasta básica de alimentos.

"Ante la aplicación de este ‘paquetazo’ se hace urgente que el gobierno fije vía decreto el ajuste al nuevo salario mínimo para paliar el impacto de las medidas de ajuste estructural", expresó el dirigente.

Aumento irrenunciable

El secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores (Cuth), Israel Salinas, informó que para esta semana se podría efectuar un último acercamiento entre trabajadores y empresarios para acercar posiciones.

"La reunión podría efectuarse en la sede del Cohep o en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT)", expresó el dirigente.

A finales de enero del presente año, los empresarios declararon como fracasadas las conversaciones entre ambas partes y fueron del parecer que fuera el gobierno quien determinara el monto del ajuste salarial.

Las centrales obreras propusieron que el aumento al sueldo de subsistencia fuera de un 30 por ciento, los empresarios respondieron que el ajuste podría ser de un tres por ciento y que no sería retroactivo.

Salinas calificó como apresuradas las declaraciones del asesor legal del Cohep, Armando Urtecho, respecto a la negativa empresarial de hacer efectivo este ajuste a partir de enero del presente año.

El capital

El vicepresidente del Cohep, Alejandro Álvarez, criticó que la vigencia del ajuste estructural afectará a los mismos sectores de siempre y que el gobierno obvió aplicar recomendaciones efectuadas por sector privado.

"El gobierno podía optar la decisión de devaluar la moneda o aprobar estas medidas. Al final actuó como sus predecesores y afectó a los que siempre tributan", señaló Álvarez.

El vicepresidente del Cohep expresó que el gobierno debió ampliar la base tributaria para elevar el monto de las recaudaciones. El mismo director Ejecutivo de Ingresos (DEI), Oswaldo Guillén, ha expresado que de solo unos 44,000 contribuyentes, de una base de 400,000, aportan el 80% de los ingresos corrientes del Presupuesto General de la República.

Álvarez indicó que los empresarios amparados en la economía informal y en otras actividades económicas no tributan, pero poseen activos, cuentas de cheques y mueven grandes cantidades de dinero.

Las exoneraciones fiscales, por otra parte, son buenas para atraer la inversión, pero este aspecto creemos que debe ser controlado y revisado, expresó el dirigente.

Álvarez reiteró que un alza de un 30% al salario mínimo es improcedente. "Si el gobierno decreta un aumento desproporcionado cerrarán empresas, se despedirán empleados o los costos deberán ser absorbidos por las empresas", advirtió.