“Un elemento más para la inseguridad jurídica en el país”

Un segundo escándalo de irregularidades en emisión de leyes solo deja una mala imagen al país en el ámbito internacional.

Este es el criterio de Rigoberto Espinal Irías, asesor legal del Ministerio Público.

"Por supuesto, esto es un elemento más para la inseguridad jurídica que hay en Honduras, si el Congreso Nacional es el ente que tiene la soberanía para emitir las leyes y si alguien se atreve a estarlas cambiando en el camino, ese es un irrespeto absoluto al propio Congreso Nacional", manifestó Espinal.

Las irregularidades en el proceso de promulgación de una ley salpica al Congreso Nacional (CN) y el Poder Ejecutivo.

"El Congreso Nacional debe investigar profundamente en qué lugar o en qué momento se produjo la alteración de un decreto de mucha importancia", recomendó. Por lo tanto, es responsabilidad del CN aclarar este asunto.

"Así como es el intérprete auténtico de las propias leyes que hace, es el primer responsable para determinar en qué momento, quién o quiénes hicieron estas alteraciones", afirmó el asesor.

El CN deberá determinar qué fue lo que ocurrió, luego emitir un informe al MP para decidir si se procede a una investigación por usurpación de funciones al pretender legislar por su propia cuenta, así como la falsificación de documentos públicos, "son delitos obvios y evidentes".

Control

Espinal Irías recordó que la Secretaría del CN es la responsable de la transcripción de todos los decretos o documentos que produzca este poder del Estado.

Eso conlleva determinar si sus contenidos están de acuerdo con lo aprobado, según las grabaciones y las actas, lo que la convierte en la primer responsable en este asunto.

Para Espinal, es natural en las leyes el argumento de un error "de dedo", sobre todo cuando las actas no son muy claras y se cometen errores en la transcripción.

Para ello existe el mecanismo de la "fe de errata", que es la que se publica en La Gaceta una vez que se determinan los errores que se pudieron haber cometido en la transcripción, este caso es distinto al dolo o malicia.

"Observo la importancia que le ha dado el Congreso Nacional y la necesidad que lo examinen pronto, es lamentable que no lo pudieran hacer en esta semana por razón de su agenda especial, en realidad merece un examen con la mayor celeridad posible y darle prioridad sobre cualquier otra actividad", puntualizó.

El asesor considera que el secretario del CN, Rigoberto Chang Castillo, es serio y responsable, que no está vinculado a un acto irregular.

Fiscalía espera informela próxima semana

La Fiscalía contra la Corrupción espera que a más tardar en la próxima semana el Congreso Nacional (CN) le remita un informe de la denuncia del "manoseo" a la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, conocida como el "paquetazo".

"Estamos esperando que el Congreso Nacional nos envíe en la próxima semana el informe sobre lo que se asevera como una irregularidad en la modificación de la ley", manifestó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.

La Fiscalía espera que los diputados formalicen la denuncia para instruir las diligencias investigativas de rigor.

Sin embargo, con el fin de esclarecer este hecho, la Fiscalía ya tiene en su poder declaraciones públicas brindadas por diputados a medios de comunicación.

Asimismo, solicitará documentación al CN, Presidencia, Gobernación y Empresa Nacional de Artes Gráficas, como partes legales intervinientes en el proceso de formación de una ley. La Fiscalía investiga si existe algún tipo de dolo en los cambios que se produjeron en la publicación de esta ley.

Se constatará las grabaciones del CN, si se envió la copia respectiva para sanción del presidente de la República para su publicación en el diario oficial La Gaceta. "Es para ver dónde fue algún tipo de modificación irregular, que es lo que denuncian algunos de los miembros de los honorables diputados", manifestó.

"Hay que ver qué perjuicio realmente existe, si hay o no un dolo, una mala intención. En base al principio de legalidad esta gente tiene que emitir leyes de acuerdo a las pruebas, si hay una aprobación mal intencionada veremos en qué parte ocurrió", dijo el fiscal.

En caso de comprobar una modificación mal intencionada los responsables podrían ser enjuiciados por los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos o usurpación de funciones.

No adelanto si interpondrán acusaciones, será en base a pruebas que se recaben como se llegará a una conclusión, aunque no cree que en este caso exista dolo.

"No somos ‘caza brujismos’, estamos viendo una irregularidad que no significa que sea un delito, eso hay que verlo claro", especificó. Las máximas autoridades del MP se reunieron ayer para definir un camino a seguir en la investigación.