Suspenden 17 empleados de aduana de Toncontín

Las autoridades de la DEI suspendieron ayer a 17 funcionarios y empleados aduaneros para contener el cáncer de la corrupción en Toncontín.

La rápida intervención de la Dirección Ejecutiva de Ingresos surge después de que EL HERALDO denunciara el martes que el cobro de mordidas por la introducción de automóviles usados continuaba, a pesar de la acción de nombrar una comisión de vehículos, la que se creó para erradicar la subvaluación en la importación de carros de segunda, resultado que se logró a medias por el aumento en la recaudación, pero que dio lugar a que la cuantía de los sobornos se duplicará porque el dinero se repartía entre más personas.

La entrega de las notificaciones de suspensión de los cargos fue dirigida por Sandra Viana, asistente de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, la que está a cargo de Miguel Mejía.

Viana fue increpada por dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Finanzas (Sitrasefin), al que están afiliados los empleados de la DEI, quienes con su actitud demostraron que su interés es proteger a los corruptos y entorpecer las investigaciones anunciadas a partir de este día, según funcionarios de la institución Además, participó personal de la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

Ruedan cabezas

Pese a los reclamos de los importadores por los exagerados ajustes que aplicaban los oficiales de aforo en contubernio con la comisión de vehículos, así como los cobros indebidos que realizaban sus subalternos, el administrador de Toncontín, Emilio Avilés, nunca envió un informe a su superior -Miguel Mejía- para informarle sobre las irregularidades denunciadas, por lo que ayer fue el primero en recibir su notificación de suspensión, siendo trasladado a la parte normativa del Departamento de Valoración Aduanera, ubicado en la colonia Palmira.

Avilés, quien será sustituido de manera temporal por Vilma Turcios, quien venía desempeñándose como subadministradora de la aduana de La Fraternidad, no quiso brindar declaraciones a la prensa.

Otra funcionaria que corrió la misma suerte fue la encargada del Centro de Evaluación de Declaraciones Aduaneras (CEDA), Jenny Montes.

A la lista se suman 12 oficiales de aforo, de quienes se tienen indicios de su presunta participación en el cobro de mordidas a los importadores, las que eran entregadas por los agentes aduaneros.

Viana dijo que la separación temporal de los cargos está enmarcada en ley; hay denuncias de anomalías que hay que investigar y lo mejor es suspender a los supuestos acusados para que sea las instancias competentes de la DEI los que hagan esa labor.

Agregó que de comprobarse su participación se procederá a las audiencias de descargo y posteriormente a la cancelación de sus acuerdos de nombramientos.

Mordidas

La importación de carros usados se ha convertido en un apetecido negocio por los empleados y funcionarios aduaneros, ya que el soborno por legalizar un auto puede oscilar entre 5,000 y 20,000 lempiras.

Además de Toncontín, La Mesa y Cortés son las restantes aduanas autorizadas para el desaduanaje de vehículos de segunda, por lo que en los próximos días se realizarán intervenciones en los citados puestos fronterizos.

Nombrada nueva comisión de vehículos

Jorge Flores, Lucía Hernández y Gerson Canales fueron nombrados en la comisión de vehículos en Toncontín y una de sus misiones era erradicar las mordidas y sobornos que pagaban importadores a empleados y funcionarios aduaneros.

Sin embargo, no cumplieron ese cometido, al contrario, la cuantía de las coimas se duplicaron con la llegada de ellos. Hernández fue nombrada como oficial de aforo en esa misma aduana, mientras que Flores y Canales regresan al Departamento de Valoración Aduanera.

La nueva comisión de vehículos la conforman Brenda Hernández y Reina Portillo, quienes asumieron ayer sus cargos.