Sanciones a especuladores advierte la Fiscalía

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Protección al Consumidor, aseguró que no dudará en proceder conforme a ley para sancionar a quienes acaparan y especulan con los precios de los principales productos de consumo popular.

Este martes, el Fiscal Especial de Protección al Consumidor, Luis Navas, en conjunto con inspectores de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), llevan a cabo operativos para verificar el abuso por parte de algunos vendedores quienes ofrecen sus productos a un precio superior a lo establecido por la reciente fijación de precios.

El funcionario detalló que según la Ley de Protección al Consumidor, la sanción puede ser de 1 a 10 mil salarios mínimos, mientras que el Código Penal establece hasta cinco años de prisión.

El fin de semana anterior empleados de la SIC realizaron operativos en los diferentes mercados de la ciudad para comprobar los elevados precios de varios productos, una vez recabados los datos, el Ministerio Público conoce las denuncias para posteriormente proceder contra los infractores.

“Hasta el momento hemos verificado altos precios en la papa, el tomate y los lácteos, precios más allá de los establecido en listado de congelamiento”, detalló Navas.

La semana pasada, el Congreso Nacional aprobó la Ley para combatir la especulación y el acaparamiento en productos de la canasta básica, mediante la cual se fija el precio de al menos 33 productos básicos de consumo popular, luego de que la población se viera afectada por la escalada de precios en los diferentes mercados.

Hasta el momento no hay personas requeridas ni acusadas pese a que los operativos tanto de la SIC como de la Fiscalía iniciaran meses atrás, y donde comprobaron que el frijol era retenido en varias bodegas.

Abuso de Autoridad

Representantes de la empresa privada en Honduras acusaron al gobierno por supuesto abuso de autoridad, ya que aseguran que se realizan operativos y se habla de sanciones sin que la ley aprobada por el Congreso haya sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

"Es un abuso lo que están haciendo. Esos operativos los hacen en los mismos lugares para desacreditar algunos supermercados”, manifestó Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

En respuesta a dicha acusación, el fiscal Luis Navas aclaró que el decreto 238-2010 del Congreso Nacional sí fue publicado en La Gaceta, con número 32370, lo que hace que la ley esté en vigencia.

Dijo que la confusión se debe a que no se ha puesto a disposición del público, ejemplares del impreso.

“En nosotros no hay más interés que hacer que se cumpla la ley”, apuntó el funcionario.