DEI separa funcionario por caso de licorera

La red de fábricas clandestinas de licores que operan en Honduras tenían sus contactos en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Eso fue comprobado en la reciente desmantelación de una destilería ilegal que funcionaba en el barrio San Francisco de El Progreso, Yoro.

Lo anterior le costó el cargo a un alto funcionario de la oficina principal de la DEI, ubicada en la colonia Palmira de esta ciudad, al que las autoridades de esa institución se negaron a brindar el nombre porque su participación está en proceso de investigación.

"Ya estoy cansado del tráfico de influencias y de tanta corrupción. Eso nos daña la institución", dijo ayer el ministro director de Ingresos, José Oswaldo Guillén, al ser consultado por EL HERALDO por las acciones que están tomando en contra de aquellos empleados y funcionarios que son mencionados por su presunta vinculación a las empresas dedicadas a la producción de bebidas embriagantes al margen de la ley, así como con aquellos importadores de alcohol.

La Unidad Antifraude la DEI desmanteló recientemente en El Progreso la fábrica Reedy Industries Corporation, propiedad de los indios Yeddula Prasada Reedy y Chavva Roja Reedy (propietarios del 98% de las acciones), así como del hondureño Rommel Jesher Vásquez Durán, quien fungía como representante legal, la que operaba sin la autorización de la Secretaría de Finanzas y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, pero sorprendentemente los productos que envasaba de manera clandestina sí contaban con registro sanitario.

La mencionada empresa tenía una capacidad instalada para suplir una quinta parte del mercado nacional de aguardientes y licores compuestos.

Influencias

El funcionario separado de la DEI trató de obstruir la intervención en la citada destilería de El Progreso, dijo Guillén. Personal de la Unidad Antifraude relató a este rotativo que el destituido llamó al teléfono celular de una de las personas que participaba en el allanamiento para decirle que una de los detenidos era su pariente, lo que el ministro director de Ingresos calificó de "tráfico de influencias".

Agregó que aún no se ha logrado probar su participación directa en la operación fraudulenta de Reedy Industries Corporation, pero su actuación "no constituye un delito pero no es ético lo que hizo, lo que está claro era que había tráfico de influencias".

Al ex funcionario que aún se mantiene en secretividad el nombre y el cargo que desempeñaba se le recomendó que lo mejor era que no interveniera, a lo que hizo caso omiso y continuó usando el puesto que tenía para solicitar información de la mencionada destilería.

El entrevistado dijo que no es el primer funcionario que se va por esas circunstancias, anteriormente fue destituida otra persona que estaba gestionando el permiso de autorización para una tienda libre, cuando todo mundo sabía en la Dirección Ejecutiva de Ingresos que las licencias de operación estaban suspendidas a raíz del escándalo de tráfico de licores importados y cigarrillos en el que estaban ligadas las duty free que operaban en los predios aduaneros terrestres y en los centros comerciales de varias ciudades del país.

Otros funcionarios han sido separados por cobros por la emisión de documentos y servicios que son gratis.