Gobierno monitoreará planilla de maestros para controlar gasto

La administración de Porfirio Lobo Sosa retomará a partir del próximo año la nómina de los maestros que laboran en el sector público para cumplir con el compromiso de estabilizar la masa salarial.

Con ese objetivo, la Secretaría de Finanzas (Sefin) creará una unidad especializada para monitorear la planilla de sueldos y salarios de los docentes, la que en los últimos años ha provocado un fuerte incremento del gasto por la contratación masiva de profesores sin contar con la estructura presupuestaria requerida.

El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con la carta de intenciones aprobada por el directorio del FMI el pasado 1 de octubre en Washington, a mantener la planilla de salarios de la administración central para el período 2010 y 2011, o sea 32,235 millones de lempiras, por año. En términos porcentuales se espera que la masa salarial respecto al PIB baje de 11.1% a 10.3%.

La masa salarial de la administración central está definida como todos los sueldos y salarios, incluyendo pagos de cesantía, más la contribución patronal para la seguridad social y las pensiones, y otras remuneraciones tales como bonificaciones.

"Los techos de la masa salarial del gobierno central serán monitoreados mensualmente sobre la base del reporte de la Secretaría de Finanzas: Información institucional por objeto del gasto -servicios personales y aportes patronales-", así se contempla en el programa económico vigente por 18 meses y que expira en marzo de 2012.

De los casi 120,000 empleados y funcionarios que laboran en el gobierno, unos 58,000 son maestros, por lo que una efectiva supervisión sobre ese sector aseguraría el cumplimiento de esa meta indicativa.

La administración Lobo Sosa ya ha aprobado algunas medidas para controlar el excesivo gasto salarial en la planilla de los maestros y entre esas se recuerda la desindexación del Estatuto del Docente del salario mínimo, la que estará vigente por un año. William Chong Wong, secretario de Finanzas, dice que es prioridad contener la masa salarial y esa es una de las metas para 2011.

Las medidas

Con el propósito de mejorar la composición del gasto público, las políticas estarán concentradas en controlar el aumento de la masa salarial de la administración central. Para ese fin se reforzará el control de la nómina mediante la depuración de plazas por parte de la Sefin y con apoyo de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, con base en información proveniente del censo y auditoría de puestos de 2009 realizado por el Tribunal Superior de Cuentas y de los hallazgos de la comisión gobierno-magisterio contemplada en el acuerdo suscrito el pasado 28 de agosto, así como en registros laborales detallados proporcionados por los diferentes entes estatales.

Además, se eliminarán todos los puestos duplicados e irregulares identificados por el Tribunal Superior de Cuentas; la vinculación de los módulos de administración de la nómina de la Secretaría de Educación con el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi), la que debe estar incorporada plenamente para marzo 2011.

Todas esas medidas ya son del conocimiento del sector magisterial y de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, y muchas de ellas han sido aplicadas y el resto entrarán en vigencia el próximo año.

El estatuto

La aprobación de un régimen especial para el sector docente ha significado una pesada carga para las finanzas públicas. Arturo Alvarado, ex secretario de Finanzas, dice que el estatuto es impagable y las medidas aprobadas por el gobierno son oportunas. De 1998 a 2009, la administración central erogó 11,410.1 millones de lempiras para cancelar los beneficios que contempla esa ley.

La administración de Ricardo Maduro reguló algunos beneficios con la dirigencia magisterial, lo que fue aceptado por los representantes de los docentes, lo que el gobierno Lobo Sosa ha comenzado a hacer para sortear la difícil situación de las finanzas públicas.

No obstante, cuando Manuel Zelaya Rosales asumió la presidencia de la República, en enero de 2006, reformó el decreto que contenía esas regulaciones y producto de fuertes presiones y protestas callejeras, los docentes lograron 7,200 millones para el período 2006-2010.