Cohep exige agilidad en recurso contra expropiación

Luego de varios meses de permanecer en silencio, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz, reaccionó sobre el decreto de expropiación que se analiza en la Corte Suprema de Justicia.

Ruiz, en conferencia de prensa, dijo que "hay un fallo que hay que aplicar y lo mínimo que esperamos es que esto sea notificado inmediatamente y mandado al Congreso Nacional para su publicación y seguir ese trámite, que es el que corresponde, la sociedad hondureña es lo que anhela creemos, la aplicación irrestricta de las leyes no importa a quien favorezcan".

El presidente del Cohep, sostuvo que "mencionar la palabra expropiación cuando el país está hablando de ciudades modelo, creo que es un lenguaje que choca totalmente con las iniciativas que el Gobierno está promoviendo, cuando se está hablando de un evento para abrir a la inversión a Honduras en el mes de mayo en San Pedro Sula, en el cual se piensa traer alrededor de mil inversionistas, cuando esa gente se baje del avión en el aeropuerto sampedrano, y le cuenten que en este país hay un control de precios que se prorroga en forma antojadiza, y que hay expropiación de tierras, yo creo que no vamos a tener mucha gente que piense en poner su plata en este país".

Por su parte, la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), iniciará hoy el proceso de notificación del fallo que resuelve declarar inconstitucional el decreto 18-2008.

Dicho decreto facultaba al Instituto Nacional Agrario a la expropiación forzosa de tierras ociosas. Fuentes de la Sala Constitucional confirmaron ayer a EL HERALDO que los cinco magistrados declararon con lugar dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra dicho decreto, aprobado por el Congreso Nacional (CN) el 29 de abril de 2008.

La resolución se emitió en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por Alejandro Rivera Tejeda, en su condición de apoderado legal de Agroindustrial Río Nance y Rodolfo Antonio Pinela, en calidad personal.

Los dos expedientes registrados con los números 766-767-2009 fueron declarados con lugar, afirmó la fuente.

Se argumenta que el decreto 18-2008 violenta garantías constitucionales, como el de la propiedad privada. La resolución bajó ayer a la Secretaría de la Sala Constitucional para iniciar hoy el proceso de notificación a las partes, entre ellos los recurrentes, la Procuraduría General, el INA y el Ministerio Público.

Asimismo, la Secretaría de la Sala Constitucional remitirá oficio al CN, conteniendo la sentencia, para que instruya el trámite de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Se aclara que el fallo es firme y su vigencia tiene efecto a partir de la emisión de la misma por la Sala Constitucional.