Honduras discute ley para crear ciudades modelo

Los diputados conocieron ayer aquí el proyecto de Estatuto Constitucional de Regiones Especiales de Desarrollo (RED) más conocido como "ciudades modelo".

Mediante este esquema, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa pretende atraer la inversión nacional y extranjera bajo "reglas claras y transparentes" que aseguren a los inversionistas que cualquier crisis que se genere en Honduras, en el plano político, no los afectará.

La iniciativa fue introducida para su discusión y aprobación por el diputado, Romero Silvestri, presidente de una comisión especial nombrada al efecto, tras haber el Congreso Nacional ratificado la reforma constitucional al Artículo 329 que genera la potestad de establecer regiones especiales de desarrollo en cualquier parte del país.

El Estatuto Constitucional debe ser aprobado por dos terceras partes del CN, pero previamente deberá pasar por un proceso de socialización con las autoridades y fuerzas vivas de los municipios donde hasta ahora se han identificado como probables sitios para construir las ciudades modelo, en el litoral atlántico y en la región sur del país.

La comisión de dictamen la conforman los diputados Rodolfo Irías Navas, Toribio Aguilera, Samuel Martínez, Marlon Lara, Miguel Fernando Ruiz, Erick Rodríguez y óscar Nájera.

El estatuto, cuyo contenido se conoció ayer en el plenario que se realiza en La Ceiba, no define dónde se desarrollará las primeras RED, solo establece su marco normativo que comprende: la administración de las Regiones Especiales de Desarrollo, los órganos que administrarán la RED, las garantías individuales a sus residentes; las relaciones entre las RED y el gobierno central, la forma de resolver conflictos legales dentro de la RED, y un sistema económico diferenciado, impartición de justicia, educación y salud.

El Estatuto que se presentó establece que las RED son parte del Estado de Honduras y están sujetas al mismo en todos los temas relacionados a soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes.

Las autoridades administrativas de las RED serán vigiladas por una Comisión de Transparencia, que estará integrada por personalidades de reconocido prestigio internacional, dice el proyecto de decreto.