Empresarios no pagarán dos tasas de seguridad

Pese a las advertencias efectuadas desde el poder mismo, los empresarios integrados a la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y en otros gremios discrepan con pagar una segunda tasa por seguridad estimada en 1,500 millones de lempiras anuales.

De manera reciente, el Congreso Nacional comenzó una cruzada para establecer un nuevo tributo que financie las acciones de la Secretaría de Seguridad en contra del crimen y la delincuencia.

El directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y empresario de la costa norte del país, Óscar Galeano, manifestó que a principio del presente siglo se estableció de manera histórica en San Pedro Sula la denominada tasa de seguridad. "Cuando fui presidente de la CCIC se aportaba entre 11 a 15 millones de lempiras al año.

En la actualidad, la Municipalidad de San Pedro Sula capta por ese concepto unos 35 millones", indicó.

Según Galeano, en conversiones efectuadas al interior de la CCIC existe oposición a que el Congreso Nacional imponga un nuevo tributo por este concepto. Podría estudiarse, continuó, que mediante una reforma legislativa se elimine la tasa de seguridad municipal y se cree una sola de carácter general.

El empresario razonó que si en el Valle de Sula se genera el 60% de la riqueza nacional y se tributan 35 millones de lempiras al año por este concepto, quizás podría elevarse la recaudación a unos 50 millones anuales.

Esto quiere decir que Tegucigalpa aportaría un monto similar. "Aún así estaríamos muy distantes de cumplir las aspiraciones legislativas de aportar 1,500 millones de lempiras", indicó. Las declaraciones de Galeano coinciden con la posición de Santiago Ruiz, presidente del Cohep, quien estimó que de manera compartida empresarios y consumidores aportarían para este fin unos 500 millones de lempiras.

Técnicos de la Secretaría de Finanzas, diputados de la comisión legislativa de Finanzas y el Cohep analizan la factibilidad de aplicar unas 15 acciones que contribuyan a captar estos recursos.

Entre ellas está la de cobrar un porcentaje a las llamadas telefónicas, al consumo de bebidas alcohólicas y al costo del combustible. Según los empresarios, estas son simples propuestas que están en un proceso de análisis.

La presidenta de la Comisión legislativa de Finanzas, Geraldina González, informó que la próxima semana se volverán a reunir con los empresarios para definir las acciones. Los técnicos de finanzas presentarán las proyecciones de ingresos de aplicar un porcentajes al consumo de algunos productos.

El ejecutivo de las empresas de seguridad Álvaro Flores Ponce, opinó que ante la crisis de inseguridad por la cual transita el país se deben tomar medidas heróicas. "La gente honrada debe cerrar filas en contra del crimen organizado, el crimen común y en contra de todo tipo de delito", expresó.

Se mostró a favor de que se cobre esta tasa de seguridad de manera temporal, para elevar la protección de la ciudadanía en los 18 departamentos del país.

"Creo que existe anuencia de la población para aportar su granito de arena que permita mejorar la situación de seguridad en Honduras", dijo.

Para el exjefe policial, es alto el costo que la sociedad paga al año por el rescate de personas secuestradas, extorsiones, intervenciones quirúrgicas, atención en hospitales públicos y privados, autos robados y de manera lamentable la pérdida de vidas humanas.

"Se debe agregar el alto costo que el narcotráfico deja en el país. En la pelea de los mercados caen abatidas personas inocentes", lamentó.

Para el directivo del Cohep, Óscar Galeano, los empresarios pagan una serie de impuestos para que el estado garantice entre otras cosas, la seguridad de los bienes y de las personas. "Nos parecen irresponsables las declaraciones de algunas autoridades, las que advierten a los empresarios de un aumento a la criminalidad si no aportan para el nuevo tributo", indicó.

Un traje a la medida

El presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Guillermo Matamoros dijo que la tasa por seguridad que se impondrá debe ser como un "traje a la medida" a la realidad del país.

"Se habla de una tasa al patrimonio, al consumo de combustibles y a las llamadas telefónicas, entre otras. Cada una de ellas debe ser discutidas en un plano de diálogo y no de confrontación", apuntó.

Matamoros reveló que la comisión tripartita de empresarios, diputados y técnicos de Finanzas, analizan acciones tomadas en otros países como en Colombia. La determinación final deberá tomar en cuenta el menor costo posible para la sociedad, pero que garantice recursos para combatir el crimen.

La región estudia aplicar impuesto de seguridad

Los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (Sica)

analizan la creación de impuestos especiales que serían destinados para el combate contra el crimen organizado y la delincuencia social.

En la página electrónica del Sica se informa de las conclusiones de una reciente reunión de los países miembros, en donde se abordó el tema de seguridad.

Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, planteó, frente al resto de delegaciones del Sica, que en su país implementaron un impuesto temporal, cuyo destino será la lucha contra la criminalidad.

Haroldo Rodas, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, manifestó: Estamos hablando de una política fiscal que apoye el tema de seguridad, de acuerdo con las características de cada país. José Luis Araya, de la delegación de Costa Rica, también expuso que promueven una Reforma Tributaria, que busca aumentar la carga fiscal en 2.5% con relación al Producto Interno Bruto, y que discuten en el Parlamento de este país.

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