Honduras
La compra directa de energía con carbón mineral continúa generando más polémica en Honduras.
El dictamen jurídico que elaboró el asesor legal de la ENEE, Alfredo Cruz Lanza, viene a confirmar la serie de irregularidades cometidas por la administración de Manuel Zelaya Rosales con la aprobación de contrato 013-2008 para que CECHSA generara de emergencia de 150 megavatios de energía sucia y que ahora pretenden ratificar las actuales autoridades de la estatal eléctrica con la aprobación de varias reformas negociadas.
El tema ha vuelto a la discusión pública después que trascendiera que la junta directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la que preside el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar, pretende modificar el mencionado contrato para favorecer al consorcio honduro-guatemalteco.
Entre las reformas negociadas destacan la ampliación de dos a diez años de la generación de 50 megavatios de energía con bunker, la que ahora ya no se produciría mediante una barcaza sino que instalando una central en tierra firme.
Asimismo, se pretende autorizar la cesión del contrato sin cumplir con la Ley de Contratación del Estado y lo establecido en el acuerdo 013-2008.
No obstante, expertos consultados por EL HERALDO coinciden en que esta es la oportunidad para que las autoridades de la ENEE procedan a anular el contrato por incumplimiento de CECHSA.
Para Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), la térmica no ha cumplido con lo estipulado en el acuerdo 013-2008, ya que en 2010 tenía que estar generando los primeros 50 megavatios con bunker.
En los mismos términos se manifiesta el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Benjamín Bográn.
Para este día, la junta directiva de la estatal eléctrica está convocada para abordar ese tema, en donde se puede decidir si se aprueba la modificación contraviniendo el marco legal o se inicia el proceso para declarar la nulidad del contrato por incumplimiento.
Más irregularidades
El dictamen legal del abogado Cruz Lanza, al cual tuvo acceso EL HERALDO, revela que la modificación que negoció el gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, y el gerente de CECHSA, Juan Ángel Bueso Molina, "desnaturaliza el decreto ejecutivo PCM-012-2007, ya que la declaración del estado de emergencia y la contratación directa era para atender con certeza y celeridad esa contratación, y aún hoy es incierta la fecha de entrada en operación de esa nueva capacidad porque todavía no se tiene definido el sitio donde se instalará cada una de las plantas".
Por otra parte, agrega que la garantía de cumplimiento de contrato debe emitirse apegado a la Ley de Contratación del Estado, en particular lo establecido en los artículos 99 y 100 de esa norma legal, que indican que tal garantía debe presentarse en el plazo que se establezca en los pliegos de condiciones.
"El documento que la ENEE emitió para esta compra (pliego de condiciones), en su sección 32 indicó que claramente que la garantía de cumplimiento de contrato debía presentarse dentro de los 10 días después de suscrito el contrato, suscripción que se efectuó el 10 de marzo de 2008, y en consecuencia la garantía se debió presentar el 20 de marzo de aquel año", de acuerdo con el dictamen legal.
Otro aspecto es la vigencia del contrato, ya que tanto en el contrato como en la modificación propuesta se mantiene una fecha indeterminada, ya que dependerá de gestiones de total responsabilidad del vendedor (CECHSA) y este puede atrasarlas en su beneficio.
"La experiencia actual es que han transcurrido cuatro años desde que se declaró el estado de emergencia en el sistema de generación de energía eléctrica y todavía no se dispone ni del sitio para la construcción de tales plantas, lo que afecta a la ENEE, porque seguramente incide en sus planes de generación y tendría que contratar con otras fuentes por no estar disponible esta potencia".
En cuanto a la propuesta de reducir el cargo financiero de 20,000 a 16,000 dólares por megavatio mes, el abogado sostiene que esa oferta no obra en la documentación que se ha proveído a la asesoría legal de la ENEE y solamente figura en un cuadro adjunto al dictamen de la Oficina de Administración de Contratos de la estatal eléctrica.