Ley de Seguridad causa incertidumbre al Cohep

Luego de un amplio debate el sector privado coincide en que es un deber apoyar la lucha en contra de la criminalidad, pero discrepan y se mantienen en incertidumbre respecto a varios artículos de la Ley de Seguridad Poblacional que se discute en la Cámara Legislativa.

Para los empresarios aún no está claro el origen, el monto y el destino final que tendrán los recursos que se captarán por medio de un paquete de medidas tributarias.

Sectores del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se han mantenido aún ayer, en sesión permanente para discutir y llegar a un consenso entre los representantes de rubros que resultarán afectados con la normativa.

De igual manera, la cúpula del Cohep en reunión efectuada el martes por la noche con la directiva del Congreso Nacional declaró inaceptable el decreto Ley de Seguridad Poblacional presentado este lunes en el pleno legislativo.

Nebulosa

"El presidente del Cohep, Santiago Ruiz, dijo con claridad que estaba de acuerdo con la imposición temporal de algunas consideraciones financieras para recaudar 1,500 millones de lempiras anuales destinadas al tema de seguridad. La medida duraría dos años y medio, no cinco como ahora se expone en el proyecto de la ley", dijo el director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho.

"Discrepamos durante la reunión efectuada ayer con autoridades del Congreso Nacional que los excedentes se trasladen a otros rubros que no sean seguridad. Esos rubros los pueden utilizar para campaña política y para hacer proselitismo", enfatizó.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Luis Larach, advirtió a EL HERALDO, que mediante la referida normativa el gobierno recaudaría unos 4,000 millones de lempiras. Los 1,500 serían destinados a seguridad y los 2,500 millones restantes a un "fondo de proyección social".

El director del Cohep dijo que "no se sabe qué tipo de ley es esta; si es un impuesto, una tasa o qué. No sabemos si quieren una tasa para seguridad, si es para efectuar proselitismo político, para ayudarle a alguna persona o a un amigo".

Surge también la incertidumbre sobre el manejo de estos recursos. "Pedimos de manera original que en la administración del fideicomiso participaran tres representantes del Cohep y dos del gobierno, pero en el proyecto de la ley el gobierno y el Foro Nacional de Convergencia tendrá cada uno de ellos una representación y el sector privado será minoría con un miembro", lamentó.

"Le expresamos al presidente del Congreso que podríamos aceptar algunas consideraciones de la referida ley, pero se le advirtió que pueden generar el encarecimiento de bienes y servicios, también, inestabilidad económica, así como falta de competitividad para las empresas locales.

Para el caso, continuó, es inaceptable la tarifa financiera de 0.2 a las transacciones, porque encarecería a los préstamos para vivienda. "Los contribuyentes pagarían la tarifa referida cada vez que se efectuara un desembolso. Al final los clientes de las entidades financieras estarían pagándole más al Estado, que al emisor del préstamo", indicó.

En el proceso de discusión entre empresarios y diputados se concertó el cambio en la redacción de algunos artículos, dijo el director del Cohep.

"Se habla también de la imposición de una tasa, de un cargo, de una obligación o de un impuesto, no sabemos qué será al final, lo que impondrán a la telefonía móvil que opera en el país. Afectará las utilidades de estas empresas", indicó.

Según Urtecho en el transcurso del presente año se impuso un 1% sobre los ingresos brutos a las empresas que reportaban pérdidas y ahora se aplica una tasa en contra de las empresas que reportan ganancias.

Para el representante legal del Cohep le sorprende que en el Congreso debata sobre un cargo a los vehículos importados, porque este tema no se discutió durante la referida reunión.

Vigilantes

El directivo del Cohep, Benjamín Bográn opinó que pese a todas las discrepancias, la mayoría del sector privado apoyará el proyecto de una tasa de seguridad porque este tema es una de los principales problemas por resolver en el país.

El empresario enfatizó en la necesidad de sumar esfuerzos y recursos en contra de la criminalidad.

El director de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Mario Bustillo, informó que su entidad conformará un sistema de auditoría ciudadana para vigilar que los recursos captados vía la Ley de Seguridad Poblacional sean utilizados de la manera estipulada.

"Estamos a favor de contribuir con la tasa de seguridad, sin afectar la competitividad de las empresas", dijo.

Los protagonistas

Eduardo Facussé expresidente del cohep.

Todos debemos colaborar con la tasa de seguridad, porque todos estamos expuestos a la ola de criminalidad. El gobierno también debe reducir su gasto corriente, como ejemplo".

Mario Bustillo director de la CCIT.

"Los vehículos usados que se importen al país deberán pagar el precio real de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en el blue book".

Benjamín Bográn directivo cohep.

"Existe el consenso del sector privado de apoyar todas las iniciativas encaminadas a fortalecer el esquema de seguridad. Hay que ver si en el camino se harán modificaciones a esta nueva normativa".

Luis Larach presidente de la CCIC.

"Los empresarios estamos de acuerdo con apoyar las medidas para garantizar la seguridad, no nos oponemos a la aprobación de esta ley. Los recursos que se recauden deben ser para seguridad".

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