Cohep impugnará reforma al ISR en Honduras

Empresarios abren fuego. Con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y amparos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se busca invalidar la reforma a la ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

En conferencia de prensa, el presidente del Cohep, Santiago Ruiz, oficializó que mañana se presentarán los abogados del sector privado a presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto 42-2011. También, se determinó acompañar a las empresas afectadas a que presenten ante estas instancias los recursos de amparo respectivos.

El director del Cohep, Armando Urtecho, denunció que "el Congreso durante la madrugada del viernes aplicó una interpretación que faculta a la DEI a aplicar a partir de enero del presente año, una ley que fue aprobada en marzo", dijo.

Otras acciones

Asimismo, la cúpula del Cohep informó las causas por las cuales recurriría ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para impugnar, también la denominada Ley de Seguridad Poblacional.

La oposición empresarial estuvo dirigida por el sector minero del país y por representantes de la banca local.

El presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anaminh), Santos Gabino Carbajal, manifestó que es impagable la tasa de 5% establecida en la Ley de Seguridad Poblacional. El monto estimado que les tocaría tributar es de 705 millones de lempiras anuales, de los 1,500 millones estimados para la tasa de seguridad.

Hay que aclarar que la denominada contribución al medio ambiente es un "paquetazo". "Se olvidaron del sentido de la profesionalidad y de la justicia tributaria, porque el 50% de los recursos que quieren captar vía Ley de Seguridad se los quieren cobrar a dos empresas, una situada en Copán y otra en Santa Bárbara", dijo.

"Este es un impuesto confiscatorio, porque va más allá de la realidad económica y ahogará las finanzas de las empresas", dijo.

La referida ley establece que es un impuesto a la comercialización y exportación de metales, o sea que se cargará sobre el valor FOB (Libre a Bordo del Barco por sus siglas en inglés), y no tomará en cuenta el costo de los seguros, fletes y de operación de las empresas. Esto representaría como un 10 % a las utilidades", dijo.

"Eso significa, continuó, que la cantidad impuesta por el Congreso Nacional es impagable y tampoco puede ser absorbida por la industria minera. El gobierno debe dar un paso atrás porque nos están discriminando", dijo. "Necesitamos, agregó, que el Cohep, la Andi y todos los organismos de la cúpula empresarial se unan para impugnar este decreto".

Según Carbajal, una de las empresas mineras paga ya al gobierno por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), 197 millones lempiras y la otra más de 200 millones.

Los impuestos municipales, también, ascienden a 25 millones de lempiras y se pagan otros impuestos por cánones que pueden ser corroborados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y en la Secretaría de Finanzas.

Para enfrentar estas situaciones, agregó, "se tienen que tomar medidas heróicas, como las de bajar los costos, reducir personal, reformular operaciones y renegociar con los proveedores para cumplir una ley que es ilegal, confiscatoria, inconstitucional, no existe las posibilidades ciertas en las economías de las empresas para cumplirlo", dijo.

Impacto directo

El director de Banco Atlántida, Robert Vinelli, expresó que la aplicación del paquete de medidas impactará en una "pequeña" medida en la fuga de depósitos bancarios del país hacia las vecinas naciones. Sin embargo, el mayor impacto lo recibirán los clientes de la banca privada del país.

El banquero se mostró confiado que en el país se pagan mayores tasas de interés que en las vecinas naciones e, incluso, en los países desarrollados. "No creo que el monto afectará a la economía de Honduras, pero se encarecerán las operaciones de la banca, porque es un nuevo sistema", dijo.

El cliente, explicó, será afectado, ya que la tasa real que recibe será menor a la vigente. Además, los bancos que no ganen suficiente verán cómo elevan sus ingresos.

"Todo impuesto que no sea destinado para incentivar la producción es inflacionario. Se debe saber a dónde se gasta y dónde se aplica", dijo.

El empresario Eduardo Atala, por su parte, expresó que es normal que las empresas trasladen los costos de producción a sus clientes, cuando no puedan absorberlas.

El expresidente del Cohep, Adolfo Facussé, manifestó que la Asociación de Industriales (Andi), apoyará las decisiones que se tomen en una asamblea general que se realizará en San Pedro Sula, en donde se tomarán acciones en contra de los impuestos contemplados en la denominada Ley de Seguridad Poblacional.

También, buscan reunirse con el presidente Lobo.

Empresas trasladan depósitos al exterior

Prevenidos. El expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, reveló que las grandes empresas del país comenzaron a trasladar sus depósitos de la banca local a instituciones financieras regionales situadas en los países vecinos.

"He conocido las opiniones de muchos empresarios que tienen cuentas fuera del país y están trasladando muchos de los ahorros y del manejo de sus operaciones con la banca regional, porque tendrán un costo menor al que se tiene en la actualidad", dijo.

Las pequeñas empresas, por su parte, comenzaron a trasladar sus recursos a entidades no supervisadas del país o a guardar sus recursos en otros lugares como cooperativas no supervisadas.

"La CNBS debió pronunciarse respecto al impacto de la ley en contra de los usuarios de la banca privada", dijo.

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