Usuarios pagarán $10 por Ley de Seguridad

Un monto estimado a los 200 lempiras, o sea unos 10 dólares, es el valor proyectado que los usuarios pagarán para cambiarse de compañía telefónica, sin perder su número telefónico móvil original.

En el marco de la Ley de Seguridad Poblacional, aprobada por el Poder Ejecutivo el 25 de junio del presente año, se ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a que obligue a los operadores de telefonía móvil para que se implemente en Honduras la portabilidad numérica.

La normativa será sancionada en las próximas horas por el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, y a partir de esa fecha, Conatel tiene plazos establecidos para aplicar este servicio en el país y nuevas regulaciones.

El director de Servicios de Telecomunicaciones de Conatel, Rigoberto Torres, informó que está en proceso la redacción del reglamento de esta ley, pero ya existen costos económicos que asumirán las empresas como los usuarios de la telefonía.

Para el caso, en México, Brasil y Perú, en donde se aplica la portabilidad numérica, los usuarios pagan entre 15 y 20 dólares cada vez que migran con su número original a otra compañía telefónica. "Creemos que el costo de este servicio en Honduras sería de 10 dólares, equivalente a unos 200 lempiras", estimó el funcionario a EL HERALDO.

Por este pago, la compañía "donante del número obtendría un porcentaje del 75% de los 10 dólares y la compañía receptora recibiría 25%.

El impacto económico estimado de la portabilidad numérica que asumirán las empresas telefónicas sería de unos 18 millones de dólares. Las telefónicas tendrán que instalar sistemas de cómputo que les permita enrutar la llamada efectuada aunque el número móvil ya no les pertenezca.

Para el caso, un usuario de la telefónica A decide trasladarse a la compañía B, pagará el costo equivalente a 10 dólares, mantendrá su número telefónico original y pagará el costo de la llamada a la compañía receptora.

Según Conatel, se espera que la migración de clientes oscile entre un 3 y un 7% de un universo que asciende a 9,391,742 usuarios, o sea entre 281,753 y 657,422 usuarios podrían cambiar de compañía en los próximos meses, de acuerdo con la proyección oficial.

La competencia

Para la ejecutiva de Digicel, Larissa Espinal, es positiva la determinación del Poder Legislativo de permitir que los usuarios de la telefonía móvil tengan la libertad de cambiar de compañía y conservar su número cuando así lo deseen.

"Ya nadie podrá estar atado a una compañía en particular por el temor de perder su número telefónico", expresó. Las compañías telefónicas, además, tendrán que brindar nuevas y creativas promociones para retener y captar a nuevos clientes. "

Creo que los usuarios preferirán a la empresa que brinde la mejor calidad del servicio y las tarifas más competitivas del mercado".

Para la ejecutiva, el monto de la inversión que las telefónicas móviles harán es significativo, aunque prefirió no exponer detalles al respecto hasta cuando esté aprobado el reglamento de la ley.

Perder el número

En la Ley de Seguridad Poblacional también se ordena que los usuarios inscriban su número en un registro telefónico oficial.

Conatel planifica que de manera estimada se brindará a los usuarios de la telefonía celular unos seis meses para que cumplan con esta normativa en las tiendas de Claro, Digicel, Tigo y Hondutel.

Para el caso, explicó Torres, los clientes de las telefónicas tendrán entre tres y cuatro meses para cumplir con este requisito. Se brindará un plazo adicional de 30 días para las personas que no observaron este plazo, pero, se les suspenderá el servicio de llamadas desde su celular, solo podrán comunicarse a los números de emergencia y recibir llamadas.

Pasado este plazo, Conatel otorgará un último plazo de 30 días para que se cumpla con esta ordenanza, antes de que se les suspenda de manera definitiva el servicio telefónico y las compañías asignen ese número a otro usuario.

También el gobierno busca regular a las compañías y a los usuarios del Internet para evitar que sea utilizada como un arma para la criminalidad.