Industriales exigen finalizar tregua con el gobierno

Se escuchan tambores de guerra en el Cohep.

Gremiales que aglutinan a industriales y comerciantes del país solicitarán esta semana al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Santiago Ruiz, que rompa la tregua pactada con el gobierno y que impugne ante las Corte Suprema de Justicia (CSJ) un paquete de leyes de nuevo cuño.

La solicitud la efectuará el liderazgo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), quien se encuentra molesto por el cierre de nuevas empresas efectuado durante la semana anterior por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

El presidente de la Andi, Adolfo Facussé, informó que en el marco de la reunión semanal de directores del Cohep se solicitará a Ruiz, que cumpla con el mandato aprobado por los presidentes de unas 60 organizaciones agremiadas a la cúpula del sector privado de impugnar la Ley de Seguridad Poblacional, decreto número 105-2011, la Ley de Equidad en los Ingresos y el Gasto Público, decreto número 113-2011 y la reforma al Impuesto sobre la Renta y su reciente interpretación legislativa.

Ruiz y representantes de la banca y el comercio concertaron el recién pasado viernes 15 con el presidente Porfirio Lobo y el del Congreso Nacional, Juan Hernández, un espacio de diálogo para discutir estos temas. Además, los empresarios se comprometieron a no incoar en contra de estas leyes los recursos administrativos, de amparo e inconstitucionales ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y ante la CSJ, de manera respectiva.
Amenazas
“Creemos que el Congreso Nacional tiene la facultad constitucional de reformar estas normativas, pero diputados al Congreso Nacional, se han expresado en contra de optar por esta vía. Por eso se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia”, indicó Facussé.

Según el industrial existe “una amenaza emitida por el presidente Porfirio Lobo de cerrar los tribunales, si la Corte Suprema falla a favor de la causa que presentarán los empresarios”. “Esta es una amenaza de dar un golpe interno. Estamos volviendo a la época del expresidente Manuel Zelaya, quien creía que estaba por encima de los jueces y de la ley”, lamentó Facussé.

“Luego el gobierno, añadió, brindó una aclaración, que no era que cerrarían los tribunales, sino que no habrían más tribunales en el país. Esto lo tomamos como una amenaza seria en contra de la Corte Suprema”, expresó el industrial.
El diálogo fugaz
El presidente de la CCIC, Luis Larach, manifestó que el sector privado no quiere confrontaciones y que por esta razón se entabló un espacio de diálogo por un plazo prudencial con el gobierno y el Congreso para que se revisen los contenidos de las referidas leyes.

“Esperamos que a la brevedad posible se tomen estas correcciones, para no llegar a confrontaciones que no abonan al desarrollo del país”, indicó. Según Larach, el mandato de la reciente asamblea general de presidentes de organizaciones del Cohep es el de impugnar ante la Corte Suprema de Justicia, las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y su posterior reforma.

La DEI ha procedido a cerrar las empresas que reportaron pérdidas y que no pagaron al 30 de junio del presente año un 1% de sus ingresos brutos de manera retroactiva.

“El presidente del Cohep ni su junta directiva puede contravenir esta disposición de la asamblea de presidentes”, dijo.