Fuga de industrias y más impugnaciones anuncian empresarios hondureños

Mientras la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) anuncia que a partir de la presente semana cobrará los impuestos establecidos en la Ley de Seguridad Poblacional, los empresarios informan de la fuga de empresas del país y la presentación de nuevas acciones judiciales en contra del gobierno.

A unas 72 horas de un encuentro sostenido entre representantes de organizaciones empresariales con el presidente Porfirio Lobo, se mantiene el clima de confrontación entre ambos sectores por la exigencia del pago de nuevos tributos.

El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, expresó que a partir de este 10 de agosto la DEI inicia el cobro de los tributos contemplados en la Ley de Seguridad Poblacional, decreto 105-2011, pero, sin disponer del respectivo reglamento de la ley.

"Con qué facultades viene la DEI y emite este comunicado de manera abusiva y en contra de la misma Ley de Seguridad Poblacional", criticó Urtecho.

"Este día, continuó, se requerirá al secretario de Finanzas, William Chong Wong, para que nos diga cuándo fue aprobado el reglamento que rige las acciones de su subalterno, Oswaldo Guillén".

Para el director del Cohep, este comportamiento "está alejado del estado de derecho y es propio de una dictadura".

"Levantaremos, además, las actas notariales respectivas para corroborar si realmente fueron creados los reglamentos. Lo haremos en la DEI, la Empresa Nacional de Artes Gráficas que es en donde imprimen el Diario Oficial La Gaceta", expresó.

La normativa

Los empresarios abrigaban la esperanza de que luego de la cita sostenida el viernes anterior con el mandatario se lograría suspender la vigencia de la Ley de Seguridad Poblacional y se le incorporarían reformas presentadas por el sector privado. Sin embargo, el comunicado emitido por la DEI y sustentado en la referida normativa, indica que las mineras, telefónicas, casinos y comidas rápidas deberán presentar su declaración, liquidación y pago dentro de los primeros 10 días del mes siguiente de la generación de los ingresos.

Según Urtecho, la normativa referida da un plazo de 90 días para el establecimiento de un reglamento que regirá el cobro de la denominada contribución especial por transacciones financieras, que será elaborado de manera conjunta entre la Asociación Hondureña de Bancos y Seguros (CNBS) y las entidades financieras. Las operaciones financieras con saldos superiores a 120,000 lempiras, por el momento, no estarán sujetas a la aplicación de la tarifa aprobada de 0.03%.

La referida ley establece un plazo de 60 días para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Secretaría de Finanzas creen el reglamento que detallará cómo se le cobrará un 1% a las telefónicas. Según Proyecciones del Congreso Nacional, estas empresas aportarán 170 millones de lempiras al año.

Además se le cobrará a los negocios de comidas rápidas un 0.5% sobre los ingresos brutos mensuales, que representaría unos 30 millones de lempiras anuales, según fuentes oficiales.

Las compañías mineras aportarán un 5% sobre las exportaciones brutas (FOB), que ascenderían a 190 millones de lempiras al año.

Los casinos pagarán un 1% sobre los ingresos mensuales, se estima que el monto anual será de 110,000 lempiras.

Impugnaciones

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, informó que a principios de la presente semana se presentará un recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Poblacional.

El Cohep prepara acciones similares ante la Corte Suprema de Justicia.

El viernes 29 de julio del presente año, ambas instituciones interpusieron recursos de amparo en contra de la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y su interpretación, decretos número 42-2011 y 108-2011 de manera respectiva. Mediante esta reforma se le permite a la DEI cobrar de manera retroactiva a partir de enero de 2011, un 1% sobre los ingresos brutos a la empresas que reportan pérdidas.

Fuentes del Cohep también hablan de que esta semana será denunciado ante la Fiscalía el director de la DEI por el delito de "abuso de autoridad", al cobrar este tributo de manera retroactiva.

Fuga de empresas

El empresario maquilador Jesús Canahuati confirmó a EL HERALDO que los representante de la textilera Gildan y de otras industrias han advertido al gobierno que podrían retirarse del país.

"Estos inversionistas se han reunido en los últimos días con el presidente del Congreso, Juan Hernández, y se mantienen conversaciones con él. Hernández les ha asegurado que no les cambiará las reglas del juego", indicó.

Unilever, continuó, es otra empresa que ha advertido que podría trasladar sus operaciones locales a una vecina nación. "Existen ciertas legislaciones que no deben trastocarse.

Estas empresas piden un panorama claro sobre cuáles son las condiciones de operar de los negocios en Honduras, porque no se puede andar modificando o creando leyes impositivas que afecten a la inversión", reveló Canahuati. Además se conversó con el diputado presidente respecto al tema de la Tasa de Seguridad y del hostigamiento que efectúa la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a las empresas.

Los empresarios dicen que están anuentes de apoyar la Tasa de Seguridad.