Corte Suprema admite recursos contra ISR

La Corte Suprema de Justicia de Honduras resolvió este martes admitir los recursos de inconstitucionalidad presentados por el sector empresarial contra las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pero denegó los recursos contra la Ley Temporal de Seguridad Poblacional.

La Sala de lo Constitucional del Poder Judicial determinó por unanimidad de votos admitir los recursos interpuestos por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Nacional de Industriales (Andi) contra las reformas tributarias aprobadas por el Legislativo y sancionadas por el Ejecutivo.

Los recursos fueron presentados el 29 de julio por Armando Urtecho, apoderado legal del Cohep, y Adolfo Facussé, presidente de la ANDI, contra los decretos legislativos 42-2011 y 108-2011, alegando que el Congreso violentó preceptos constitucionales y por lo tanto son ilegítimos. Para el caso, el 108-2011 interpreta que el cobro del 1% del ISR sea efectivo a partir de enero, violentando la retroactividad de la ley.

Asimismo, se omite solicitar al Congreso hondureño los antecedentes de las leyes impugnadas y se ordena el traslado de los expedientes a la fiscalía de defensa de la Constitución para que en un término de seis días hábiles emita un dictamen.

Sin lugar recursos contra tasa de seguridad

Por otra parte, la sala Constitucional declaró inadmisibles tres recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, dejando en vigencia el decreto que grava nuevos tributos a transacciones bancarias, actividad minera, telefonía celular y comidas rápidas, entre otros sectores.

La Sala consideró que las acciones fueron mal planteadas y no cumplieron con los requisitos para ser admitidas. Sin embargo, estas pueden ser subsanadas y presentarse posteriormente.

Queda aún pendiente de resolver si se admite o no el recurso impuesto por Rafael Virgilio Padilla, de la Barra de Abogados Anticorrupción.

Los empresarios han calificado de "abusiva" la denominada tasa de seguridad y han cuestionado fuertemente su entrada en vigencia sin un reglamento aprobado por el Congreso Nacional de Honduras.

Armando Urtecho, representante del sector privado, dijo que el Cohep presentará recursos de inconstitucionalidad contra los decretos 105-2011, contentivo de la tasa de seguridad, y 113-2011, de la Ley de Eficiencia de los ingresos y el gasto público, por separado, ya que dañan a la empresa de forma directa y "otorgan facultades de birreynato al director de la DEI" Oswaldo Guillén.

Asimismo, señaló que la ley se aprobó sin haber cumplido con el procedimiento de escuchas a la Corte Suprema de Justicia, derogando de forma directa disposiciones del Códifo Procesal Civil y del Código del Comercio.

"Hemos alegado violación a la ley de manera general, pero cualquier empresa, cualquier empresario, puede interponer un recurso de amparo y pedir que se pare la aplicación de esta ley", declaró.

El Cohep, que aglutina 65 organizaciones del sector privado en Honduras, emitió en las últimas horas un comunicado en el que afirman que el nuevo tributo desincentivará la inversión en Honduras, aumentará la inflación, se traducirá en más desempleo y alzas en los precios de productos y servicios.

Los empresarios han criticado además al presidente Porfirio Lobo Sosa por sus declaraciones confrontativas contra el Poder Judicial, amenazando con eliminar los tribunales si la CSJ daba lugar a las acciones legales contra la tasa de seguridad.