Andi presenta recurso contra tasa de seguridad

La Asociación Nacional de Industriales (Andi) presentó este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la tasa de seguridad.

La acción fue presentada por la comisión jurídica de la Andi ante la Sala de lo Constitucional.

"La pretensión que tenemos es que la Corte Suprema de Justicia derogue esa ley por lo actos inconstitucionales que contiene y que también atentan en contra del tratado RD- Cafta", dijo el abogado Santos Gabino Carbajal.

La Constitución de la República garantiza que los recursos financieros del gobierno deben manejarse de manera única o en un solo fondo, no puede manejarse en un fideicomiso separado, dijo en relación a la forma como se manejarán los fondos de la tasa de seguridad.

Los empresarios argumentan que no se pueden crear impuestos para fines específicos, ya que lo prohíbe la misma Constitución de Honduras, ni tocarse los depósitos de los hondureños porque se está tocando el patrimonio de las personas.

"Crear un impuesto dirigido especialmente al tema de seguridad se está creando un impuesto para un fin especifico y eso lo prohíbe la Constitución", agregó.

La tasa de seguridad también afecta el tratado del Cafta, donde se consigna que no se puede generar impuestos para las partes en el momento en que está vigente la ley "y esté instrumento llamado Ley de Seguridad Poblacional está creando un nuevo impuesto".

El Cafta pide que se dé un trato equitativo y justo a las partes que intervienen y al crearse un impuesto a las exportaciones e importaciones no se está haciendo equitativo y ni justo con las partes tanto para industriales nacionales como para los empresarios extranjeros, explicó el abogado.

"En síntesis puedo asegurar que la Ley de Seguridad Poblacional es inconstitucional porque viola la Constitución y porque viola el Cafta", resumió.

Por su parte, el presidente de la Andi, Adolfo Facussé, dijo que el recurso interpuesto este lunes no ha sido fundamentado "a la carrera" sino que "hemos hecho consultas con las autoridades norteamericanas sobre estas violaciones (...) queremos que esto se detenga porque sí van a haber daños para el país".

Sobre las amenazas del presidente de Honduras al Poder Judicial, Facussé dijo que es "muy grave".

"Si el Poder Ejecutivo dice que se va a volar el Poder Judicial... o sea que el presidente de la República está amenazando con golpe de Estado, con cerrar los tribunales si nos da la razón, porque para eso es la justicia, si la justicia falla a favor de uno o en contra de uno no puede decir (que) solo puede fallar a favor de uno".

Según el empresario la propuesta del presidente Lobo Sosa de crear un Tribunal Constitucional para regular al Poder Judicial también es una amenaza.

"El presidente no es el 'mandamás', es el sirviente de la población del país y tiene que obedecer las leyes del país, las leyes que el mismo Congreso Nacional emite, no puede estar con esas amenazas", enjuició.

Facusse aseveró que ellos procedieron a interponer los recursos a pesar de las amenazas porque "queremos saber si hay ley o no hay ley en Honduras".

"El Presidente no tiene por qué andar amenazando a este poder del Estado y le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que tenga valor, que no están solos, que fallen a favor de la ley, no que falle a favor nuestro, que falle de conformidad a la ley", sostuvo.

La Ley de Seguridad Poblacional (Decreto 105-2011) fue aprobada en junio pasado por el Congreso Nacional, con el fin de recaudar 7,500 millones de lempiras en un período de cinco años para el combate de la criminalidad en Honduras.

Los industriales presentaron el primer recurso junto al Cohep contra el 1% retroactivo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el que fue admitido por el Poder Judicial de Honduras.