Cohep condiciona aporte de unos L 1,800 millones

Dando y dando. Los empresarios confirman su anuencia a contribuir y elevar su aporte a la Ley de Seguridad Poblacional a 1,800 millones de lempiras, si el Congreso Nacional excluye del pago de este tributo a las mineras y la telefonía celular, y suprime el cobro de un 0.3% a las transacciones financieras.

El Cohep efectuó esta semana una propuesta de reforma del decreto número 105-201 al presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández. Los empresarios esperan recibir la contrapropuesta legislativa en las próximas horas.

La reforma

De manera oficial, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) determinó aportar hasta 1,500 millones de lempiras para la referida normativa.

Sin embargo, en las conversaciones sostenidas el martes de la presente semana entre empresarios y diputados se dio la promesa empresarial de aportar 300 millones de lempiras adicionales.

La contribución total llegaría a 1,800 millones, aunque fuentes legislativas hablan de que ascenderá a 2,000 millones. En ambos casos son cifras preliminares.

El director del Cohep, Armando Urtecho, informó que, en el marco del nuevo proceso de negociación, el sector privado presentó una propuesta de cinco puntos al presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández. El sector privado pide que se elimine del decreto número 105-2008 el cobro de un tributo a la industria minera.

La normativa referida obliga a dos compañías mineras radicadas en el país a que aporten 190 millones de lempiras anuales.

El cobro se denomina Contribución especial al medio ambiente. Impone una tarifa de 5% sobre el monto de las exportaciones brutas registradas en la declaración de mercancías. Se espera que el cobro de un tributo inferior sería incorporado en las reformas a la Ley de Minería, a ser aprobada en los próximos días.

El Cohep, en el segundo punto, pide que se suprima de esta normativa la Contribución especial de la telefonía móvil. Datos de Congreso Nacional estiman que el cobro de un 1% sobre los ingresos brutos mensuales de estas empresas generará 170 millones de lempiras al año. "Para nosotros con este cargo se obliga a las compañías a efectuar una doble tributación", indicó Urtecho.

En el tercer punto se solicita una modificación total al cobro de una contribución especial por transacciones financieras por seguridad poblacional. La base gravable vigente está compuesta por el valor total de la transacción efectuada en la entidad financiera. Se establece un cobro de 0.3% a las cuentas con saldos superiores a los 120,000 lempiras. Por este cargo se proyectaba una recaudación de 968 millones de lempiras al año.

El quinto punto es que el Cohep reiteró su posición de aportar hasta 1,500 millones de lempiras para financiar la lucha en contra de la delincuencia y que la vigencia de la normativa sea hasta el final del presente gobierno.

"En la referida reunión efectuada durante la presente semana, ya no se habló de aportar mediante todas estas operaciones los 1,500 millones, sino elevar este monto a 1,800 millones de lempiras", expresó. Según el director del Cohep, la mayor parte de los recursos para financiar la lucha contra la delincuencia se obtendrán vía transacciones bancarias.

El Congreso, sin embargo, no tomó en cuenta la propuesta efectuada de manera inicial por la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba). "El Congreso quedó de mandar una contrapropuesta a la remitida por el Cohep", dijo Urtecho. Se espera que el pleno del Congreso apruebe la medida la siguiente semana.

Proceso judicial

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, manifestó que la admisión por parte de la Corte Suprema de Justicia del recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Poblacional es un indicativo de que existe división de poderes en Honduras.

El empresario expresó que están de acuerdo con la reforma legislativa de la Ley de Seguridad Poblacional, pero que las acciones legales en contra de esta normativa continuarán su trámite legal.

Facussé hizo la salvedad de que el Cohep negocia de manera directa con los diputados, pero que fue la Andi la que interpuso la acción legal y ellos decidirán si retiran el recurso si el Poder Legislativo rectifica de manera satisfactoria.