Gobierno perderá unos L1,500 millones a causa de los beneficios fiscales

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa prometió al Fondo Monetario Internacional la revisión y un estricto control sobre los beneficios fiscales autorizados a varios sectores de la sociedad.

La propuesta oficial surge después de conocer el sacrificio de las exoneraciones y créditos fiscales en las recaudaciones de impuestos, por lo que el año anterior se tomaron algunas acciones como eliminar las dispensas otorgadas a los diputados para la introducción de dos vehículos en un período de cuatro años.

Asimismo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha venido propugnando por la revisión de los beneficios arancelarios entre sus países miembros, incluido Honduras. No obstante, se han venido aprobando y reformando algunas leyes para favorecer a ciertos sectores de la sociedad hondureña, lo que repercutirá en los ingresos tributarios.

Esa situación preocupa al ministro director de Ingresos, José Oswaldo Guillén, quien después de reunirse con la misión técnica del FMI, pidió ayer frenar la aprobación de nuevos beneficios fiscales.

Suyapa Irías, jefa del Departamento de Estudios Fiscales de la DEI, dijo que solo este año el impacto en las recaudaciones será de 1,500 millones de lempiras. Agregó que hasta junio el sacrificio fue de 744.1 millones de lempiras.

Guillén dijo que el sacrificio fiscal pudo haber sido mayor de no haberse tomado las acciones oportunas para frenar el abuso que cometen muchos contribuyentes, principalmente grandes y medianas industrias, lo que se ha visto reflejado en las cifras de abril a junio entregadas al Fondo Monetario Internacional.

En el primer trimestre, continuó, solo por beneficios aprobados por ventas se redujo de 96.8 a 48.5 millones de lempiras.

El titular de Ingresos subrayó que él ha sido enfático: "El negocio de la DEI es cobrar impuestos y no autorizar exoneraciones" y por eso ha pedido que sea la Secretaría de Finanzas la responsable de la aprobación de los beneficios fiscales. El tema de las exenciones y los créditos fiscales ha sido abordado por diversos sectores, generando opiniones encontradas porque muchos beneficiarios han abusado de ese derecho en detrimento del erario.

Nuevos beneficiarios

El 10 de junio de 2010, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 68-2010, el que fue publicado en La Gaceta 32,489 del 9 de abril de 2011. Con esa nueva ley, el crédito fiscal se amplía y ya no solo se beneficia a las empresas que producen bienes, sino a las que prestan servicios, especialmente aquellas actividades que usan de manera intensiva tecnologías de punta.

De esa manera, amparados en la reforma del Decreto 68-2010, seis contribuyentes han solicitado crédito fiscal por la suma de 1,178.1 millones de lempiras, que son recursos que el fisco no recaudara, dijo Marcia López, directora adjunta de Cumplimiento de la DEI.

Entre las nuevas beneficiarias destacan compañías dedicadas a prestar servicios de telecomunicaciones.

A tres contribuyentes ya se le concedieron 13.4 millones de lempiras y hay pendientes de aprobación tres solicitudes más que 1,164.7 millones de lempiras.

Guillén sostiene que otras empresas pueden acceder a ese beneficio, por ejemplo las instituciones bancarias, quienes dejarían de pagar alrededor de 800 millones de lempiras anuales, y esa es la razón por la cual las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos han solicitado frenar la aprobación de más beneficios fiscales.

Con la interpretación al Artículo 12 de la Ley de Impuestos sobre Ventas, contenida en el Decreto 24 del 20 de diciembre de 1963, se amplía el número de beneficiarios a empresas de servicios y no solo a las que producen bienes, tal como se contempló inicialmente el crédito fiscal.

Abusos

Para Guillén, los beneficios fiscales son claves para incentivar el desarrollo de la producción. No obstante, considera que muchas personas naturales y jurídicas han abusado de las exoneraciones y de los créditos fiscales, hasta el punto de convertir ese derecho en una fuente más de ingresos.

Agrega que han realizado una serie de investigaciones entre las empresas beneficiarias y hay hallazgos sorprendentes, como el caso de una fábrica de productos alimenticios que había sido autorizada para un crédito fiscal de 1,100 millones de lempiras, lo que no estaba conforme a los ingresos declarados en la DEI.

También hay casos de leyes que benefician a determinado sector productivo, pero al final quienes gozan son dos o tres panificadoras de Tegucigalpa, mientras que las pequeñas y medianas panaderías del resto del país no acceden a los beneficios fiscales, lo que genera una competencia desleal.

El ministro director de Ingresos dijo que continuarán auditando otras actividades económicas para verificar que están haciendo un uso correcto del sistema de compensación débito-crédito, así como de las exoneraciones.