Viene barrida en la DEI

la Dirección Ejecutiva de Ingresos contratados en la administración de Oswaldo Guillén serán separados en los próximos días. Así lo revelaron ayer fuentes del sindicato de esa institución pública, quienes pidieron el anonimato, pero agregaron que el nuevo titular de la DEI, Enrique Castellón tiene en su poder una lista de cercanos colaboradores de su antecesor que fueron denunciados por esa organización por devengar jugosos salarios.

El Sindicato de Trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (Sitradei) mantuvo una tensa relación con Oswaldo Guillén por la falta de respuesta a las presiones gremiales por negociar un ajuste salarial de 16%, ya que a criterio de este último la institución no está en capacidad financiera para cumplir esa exigencia.

EL HERALDO obtuvo más información de otras fuentes ligadas a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, quienes confirmaron que en los próximos días se procederá a la entrega de centenares de “sobres blancos”. Agregaron que “lo que se viene es una ‘cacería’ de todo aquello que huela a Oswaldo Guillén y a Ricardo álvarez.

Se nos ha informado que el personal despedido será aquel contratado en los últimos seis meses”. La DEI emplea a 2,800 trabajadores permanentes y 900 por contratos, según estadísticas publicadas en el portal electrónico.
Luz verde

Desde su llegada al cargo el pasado 12 de septiembre, Castellón dijo que el personal de la DEI estaría siendo sometido a una evaluación. Para la separación de personal, el director de Ingresos cuenta con el respaldo legal para despedir a discrecionalidad a cualquier funcionario o empleado.

La Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (decreto 17-2010), en su artículo 82, reza que “en los casos que el personal no reúna los requisitos para el cargo, no apruebe o supere el proceso de evaluación, o ya no sean necesarios sus servicios, deberá ser separado de su cargo conservando el derecho al pago de las prestaciones laborales que le correspondan de conformidad con la ley”.

Ese artículo solo tenía vigencia hasta octubre de 2010, pero su aplicación fue prorrogada 36 meses más, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público (Decreto 113-2011).