Discuten reforma fiscal en Costa Rica

Un polémico proyecto de reforma fiscal impulsado por el gobierno de Costa Rica superó ayer el primer escollo en su proceso de aprobación al recibir el dictamen favorable de la comisión legislativa que lo estudiaba, informó una fuente legislativa.

Siete de los nueve diputados integrantes de la comisión le dieron el visto bueno a la reforma, con la cual la administración de la presidenta Laura Chinchilla espera reducir un abultado déficit fiscal cercano al 5% del PIB, informó un vocero de prensa del Congreso.

El proyecto, que ha recibido un trámite expeditivo (vía rápida), tendrá que ser aprobado ahora por el plenario legislativo, donde cuenta con el apoyo mayoritario de los diputados del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) -con 24 de los 57 diputados-, del opositor Acción Ciudadana (PAC) y de otras agrupaciones políticas minoritarias.

Para lograr el apoyo del PAC, que cuenta con 11 escaños en el Congreso, Chinchilla ha tenido que aceptar el establecimiento de una renta global (basada en la suma de todos los ingresos de una persona o empresa) y de la renta universal (que suma los ingresos obtenidos en el extranjero).

También se vio obligada a crear un impuesto para las compañías extranjeras que se establezcan en zonas francas a partir de 2015, lo que es rechazado por el sector empresarial e incluso por algunos altos funcionarios de su propio gobierno, como la ministra de Comercio Exterior, Anabel González. La iniciativa contempla además la transformación del impuesto de ventas de un 13% en un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 14%, que inicialmente afectaba todos los bienes y servicios, con excepción de una canasta básica de productos de consumo popular.

Sin embargo, la presión de diferentes sectores productivos ha obligado al Ejecutivo a negociar reducciones significativas de ese impuesto para una amplia gama de bienes: insumos agropecuarios, materiales de construcción, los pequeños ahorros, productos ortopédicos para personas con discapacidad, entre muchos otros.

En total, unos 300 productos y servicios son eximidos o disfrutan de una tasa reducida en el texto que conocerá el plenario en los próximos días.

El gobierno proyecta recaudar unos 900 millones de dólares adicionales con el nuevo esquema impositivo, que espera tener definitivamente aprobado antes de que finalice el año.