Combustible de Honduras, el segundo más caro de CA

Honduras es el segundo país de Centroamérica donde los precios de los combustibles son más caros.

Nicaragua se mantiene a la cabeza con 3.52 dólares por galón de gasolina superior, 3.45 dólares el galón de regular y 2.75 el galón de diésel, según los datos de la Secretaría de Economía de El Salvador al 5 de junio.

Costa Rica y Guatemala se ubican con los precios más bajos de la región, mientras El Salvador ocupa el tercer lugar de precios más altos.

Mientras en El Salvador el precio del galón de diésel se ubicaba en 2.43 dólares, Costa Rica y Nicaragua era de 2.31 y 2.21 dólares respectivamente.

Pronostican más alzas

Según estos datos regionales, los hondureños pagaron 3.18 dólares por galón de gasolina superior, 2.98 dólares por el galón de regular y 2.47 por el galón de diésel, y estos precios apuntan cada vez más hacia la alza.

Ayer el barril de petróleo cerró sobre la barra de los 70 dólares, por primera vez desde comienzos de noviembre.

Según la directora de la Comisión Administradora del Petróleo, Lucy Bú, el precio internacional corresponde al 43 por ciento del componente del precio al consumidor final.

“Obviamente que al aplicar la estructura se refleja fuertemente y por lo tanto vemos que la tendencia en el mediano y corto plazo es hacia la alza y probablemente vayamos a tener una alza en el transcurso de la otra semana”, indicó Bú.

Los expertos en energía y en pronosticar mercado dicen que el petróleo se situará en 80 dólares al final del año, o sea en el corto plazo ya estamos viendo precios de 70.1 dólares por barril, por lo que existe una tendencia hacia la alza.

La funcionaria dijo que el fin de semana se realizó un análisis de la estructura donde generaba un incremento que superaba los 3 lempiras, bastante fuerte para el consumidor por lo que al final solo se trasladó un 50 por ciento.

El alza registrada en el barril del crudo pondría de regreso la aplicación de la medida “Hoy no circula”, según lo anunciado por el presidente Manuel Zelaya, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia decretó, en abril de 2008, que la medida era inconstitucional.

La determinación de la corte se dio en respuesta a varias demandas interpuestas por particulares. Después el Ejecutivo prefirió anularlo definitivamente.