Honduras
La negociación del salario mínimo, más que una oportunidad para miles de trabajadores para mejorar su poder adquisitivo, puede resultar en el cierre masivo de empleos. El 29 de diciembre de 2009 fue juramentada la comisión tripartita -empresarios, obreros y gobierno- que buscará fijar el salario para el año 2010.
Como de costumbre, el tema ha comenzado a generar posiciones encontradas entre empleados y trabajadores, principalmente por la recesión que atraviesa la economía.
Ante ese oscuro panorama, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha encontrado un grupo de consultores para que elabore un análisis del contexto sobre el cual se inician las negociaciones.
"Honduras vive uno de los más complejos momentos de su historia, y la negociación del salario mínimo 2010 puede convertirse en un medio para agregar complejidad en el tema", subraya el documento de los empresarios titulado "Análisis de contexto y propuesta del sector privado hondureño".
La empresa privada cerró en 2009 unos 180,000 puestos de trabajo por los efectos de la crisis financiera internacional, la situación política interna y el ajuste desmedido del salario mínimo, el que se incrementó a 5,500 lempiras mensuales en el sector urbano.
Por el momento se desconocen las propuestas, aunque los representantes de la clase trabajadora han dejado entrever que el ajuste salarial para el área urbana sería de 800 lempiras, el que pasaría de 5,500 a 6,300 lempiras.
En esta semana se continuarán las conversaciones.
Riesgos
Para el Cohep, el aparato productivo, comercial y de servicios del país está en crisis y continúa sometido a presiones internas y externas que se constituyen en enormes amenazas a su subsistencia.
El 80% de los puestos de trabajo depende de la continuidad operativa de estos sectores, concluye el documento al cual tuvo acceso EL HERALDO, el que señala que continuar atentando contra la situación económica de las empresas significaría poner en riesgo los intereses fundamentales de la clase trabajadora.
Un salario mínimo elevado, además de evitar crear nuevos empleos, puede convertirse en una carga onerosa para las empresas que ya operan en el mercado, al elevar los costos de mano de obra. Esto es más rentable en aquellas empresas en donde el costo de la mano de obra es un porcentaje elevado de sus costos totales. Son las microempresas las más afectadas.
Estatutos
Otra vez los docentes pueden resultar ser el sector más beneficiado con el ajuste al salario mínimo, ya que su ingreso estará indexado.
Entre 2006-2010, la concesión de una serie de prerrogativas del gobierno de Manuel Zelaya Rosales significó erogar 7,2000 millones adicionales para cancelar una serie de prebendas a los docentes. Un mandato legal estipula que los regímenes especiales, sobre todo el Estatuto del Docente, estará indexado al salario mínimo.
El resto de sectores profesionales como médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos, trabajadores sociales y microbiólogos recibirán un ajuste salarial en base a la tasa de inflación. Los servidores públicos amparados en el Régimen de Servicio Civil tendrán un aumento en base a la inflación.
La tasa de inflación correspondiente a 2009 será inferior a 4.5% y para 2010 se estima en 6%.
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo PCM-35-2006, a partir de enero de 2010 el sueldo base mensual y los colaterales de los maestros tendrán un aumento de manera automática y directa por los ajustes que se apliquen al salario mínimo.
La Secretaría de Finanzas ha elaborado tres posibles escenarios para conocer el impacto de un nuevo ajuste salarial. Si el incremento fuera de 3%, el impacto sería de 488.2 millones de lempiras y los maestros absorberían 477.6 millones.
El segundo escenario plantea un alza de 5%, lo que significaría un impacto de 813.7 millones de lempiras, de los que 796 serían para los docentes. El último es un ajuste de 9%, con un impacto económico de 1,464.3 millones y de esa cantidad 1,432.7 millones se destinarían a los docentes.
Cada punto de incremento al salario mínimo significaría erogar 163 millones de lempiras.
La Secretaría de Finanzas considera que un fuerte aumento al salario mínimo provocará un incremento insostenible en la masa salarial del gobierno central, con el agravante que al concentrar recursos en sectores que han sido favorecidos con significativas mejoras salariales (personal amparado en estatutos), lo que va en detrimento de la atención de otros sectores prioritarios como el de salud, educación y reducción de la pobreza.