Honduras
A limar asperezas. Luego de un prolongado distanciamiento, los representantes de la cúpula empresarial del país hablarán hoy de frente con el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, sobre la constituyente, impuestos, proyectos de desarrollo y la polémica Ley de seguridad Poblacional.
La información la brindó ayer en conferencia de prensa el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz, en el marco del lanzamiento de la “Feria del Regalo”, evento a desarrollarse entre el 22 y el 25 de septiembre de este año en el centro de convenciones Plaza San Carlos de Tegucigalpa.
Los representante del Cohep concurren hoy al denominado “diálogo sectorial” a efectuarse en Casa de Gobierno. De manera previa han asistido los representantes de los partidos políticos, sector docente y organizaciones juveniles.
Sin constituyente
El presidente del Cohep informó que el sector privado le comunicará de manera oficial al presidente Lobo Sosa que están en contra de la convocatoria a una asamblea nacional para reformar la Constitución de la República. “Creemos que este es un medio mediante el cual buscan beneficiarse unos cuantos políticos”, dijo Ruiz. Sin embargo, se estima que el tema de la Ley de Seguridad Poblacional y el pago de nuevos tributos ocupará un importante porcentaje de la agenda que se discutirá con el titular del Ejecutivo.
El presidente de la República en varias de sus declaraciones públicas les ha pedido a los empresarios que sean solidarios con la población más necesitada del país que sufre el azote de una ola delincuencial que mata, roba y destruye.
Ruiz dijo que existe anuencia para discutir con el mandatario y que los empresarios están dispuestos a aportar hasta 1,500 millones de lempiras, pero no más. Como una muestra de este compromiso, el empresario reveló que esta semana se reunieron con el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, para recalcarle que el sector privado se opone a erogar unos 7,000 millones de lempiras anuales por concepto de la Ley de Seguridad Poblacional (decreto 105-2011) y con la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público (decreto 113-2011).
Se estima que el impacto financiero de la denominada tasa de seguridad asciende a 1,500 millones de lempiras. Al respecto, una comisión técnica de ambos sectores estudia la propuesta presentada hace un mes por el Cohep para sustituir una tasa de 0.3% sobre los retiros bancarios en cuentas superiores a 120,000 lempiras, por cobros escalonados a las transferencias bancarias, a los créditos y las transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, entre otras operaciones.
Ruiz reveló que en el marco de la conversación con el diputado presidente del Congreso Nacional se le expuso que el denominado fideicomiso social, creado por las referidas normativas con los recursos excedentes, representará una erogación anual estimada en 5,500 millones de lempiras.
“Los sectores económicos no tenemos la capacidad de aportar un monto global de 7,000 millones de lempiras”, sostuvo Ruiz. Los empresarios se mantienen optimistas de que exista anuencia en el presidente Lobo Sosa y en la cámara legislativa para reformar ambas leyes. Además, que tomen en consideración las propuestas presentadas por los mineros de que se les cobre un impuesto estimado en 3% y no en 5% sobre las exportaciones brutas.
La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) ha manifestado que respalda la Ley de Seguridad para combatir la criminalidad, pero que es necesario que se efectúen algunas reformas. Ruiz es del parecer que se mantendrá el diálogo por un tiempo prudencial, pero si es infructuoso interpondrán un recurso de incontitucionalidad en contra de las referidas normativas.
Gobierno fallido
Los empresarios volverán este día a colocar en las manos del mandatario las propuestas de una serie de proyectos concertados en el marco del Encuentro Nacional Empresarial (Enae 2011). “El sector privado tiene una voz firme, clara y definida. Participaremos en esta reunión con propuestas claras”, indicó.
Se le comunicará al gobierno, continuó, cuál es el sentir y el pensar de los empresarios que son atacados de manera sistemática mediante discursos y paquetes de impuestos, que desestimulan la inversión en el país.
Para el presidente de la Andi, Adolfo Facussé, tenemos en Honduras un gobierno fallido porque es ineficiente en la prestación de todos los servicios públicos. Según Ruiz, de continuar el rumbo que lleva el país, Honduras tendrá un “estado fallido que todos los pobladores se lamentarán”.