Indígenas de C.A. quieren el cese de operaciones mineras

Representantes de pueblos indígenas de Centroamérica, reunidos en Costa Rica, demandaron la suspensión inmediata de las concesiones para explotación y exploración minera a cielo abierto, por sus graves impactos ambientales y sociales.

"Nos oponemos rotundamente a estas concesiones de exploración minera porque significan la muerte para nosotros, los pueblos indígenas", dijo a la AFP Tomás Gómez Membreño, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.

La minería, afirmó, está provocando la contaminación de los terrenos y las fuentes de agua con sustancias altamente tóxicas como cianuro y mercurio, y ya han empezado a aparecer enfermedades muy severas de la piel y de la vista entre las poblaciones aledañas.

Gilberto Abrego, de la Coordinadora del Pueblo Indígena de Panamá, denunció que existe una alarmante amenaza a la salud de casi 500.000 indígenas que habitan en las cercanías de la mina de Cerro Colorado, en el oriente del país.

"La mina está en medio de la comarca y las sustancias tóxicas están enfermando a la gente y acortando su vida. En los ríos ya no hay peces, el ecosistema está sufriendo un daño irreversible", afirmó.

Los representantes de los pueblos autóctonos participaron en San José en el II Encuentro Regional de Redes Indígenas Centro y Mesoamericanas, patrocinado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Abrego explicó que las organizaciones mantendrán su lucha para que los gobiernos revisen los códigos mineros, de manera que se reconozcan los derechos de las poblaciones indígenas sobre los recursos del subsuelo.

"Las empresas transnacionales vienen y se llevan grandes riquezas y ni siquiera dan empleo, porque todo el personal es extranjero, a nosotros sólo nos dejan los desechos", afirmó.

Zonia Zacarías, dirigente del pueblo Quiché de Guatemala, llamó la atención sobre el hecho de que la ley sólo exige a las empresas mineras que tributen el 2% de sus ganancias, recursos que no van a las comunidades indígenas, sino al gobierno central.

Además, denunció, los estudios de impacto ambiental no incluyen indicadores socioculturales, ni mecanismos para que el Estado pueda ejercer un control efectivo sobre las actividades de estas empresas.