Productos deben incluir el ISV

Las “estafas” a las que estaban acostumbradas muchas empresas y negocios que brindan servicios de bienes y consumo, serán controladas de ahora en adelante con la nueva Ley de Protección al Consumidor.

Por segunda semana consecutiva, inspectores de la Dirección de Protección al Consumidor, adscrita a la Secretaria de Industria y Comercio, han iniciado una serie de operativos en la capital, a fin de confirmar si ya se han hecho los cambios de precios y que estos “negocios” no sigan aprovechándose del bolsillo de sus clientes.

Ayer les tocó el turno a los negocios de sector de El Guanacaste y del barrio San Rafael, donde los inspectores ingresaron a cada uno de los establecimientos, para verificar sus precios.

La medida

Durante los operativos se inspeccionan si los precios de los bienes y servicios están de forma visible al público, y si además tienen el 12 por ciento incluido tal y como lo estipula la Ley, pues de lo contrario sus propietarios corren el riesgo de ser sancionados económicamente.
Recientemente el director de Protección al Consumidor, Gregorio Torres, informó que se les dio un compás de espera a los empresarios y comerciantes para que pusieran en práctica la nueva Ley de Protección al Consumidor.

En ese sentido, desde el pasado 1 de septiembre comenzaron los operativos.“Estamos verificando si ya están los precios fijados en los productos con el impuesto incluido, pero además estaremos revisado si ya los contratos firmados de acuerdo a la nueva Ley del Protección al Consumidor establecen precios reales de contado, y sus las tasas de interés que manejan”.

El desplazamiento de inspectores se harán principalmente en toda la capital para luego extenderlas a nivel nacional. Asimismo, se harán inducciones acerca del Libro de Quejas y de su pronta aplicación. Se verificarán, además, las cláusulas que deben de llevar los contratos de bienes, de acuerdo a lo que establece la Ley de Protección al Consumidor.

Y es que la nueva Ley de Protección al Consumidor, que fue aprobada hace menos de un mes, ha endurecido fuertemente las penas para quienes atentan contra la especulación de precios.Si antes se sancionaba con 500 mil lempiras, ahora serán hasta de 30 millones de lempiras para los grandes empresarios “avorazados” que infrinjan la ley.

¿Qué hacer?

Al parecer los más afectados son los consumidores que residen en los sectores más pobres de la capital, quienes en su mayoría no tienen acceso a entablar una denuncia o demanda contra aquellos que vilmente los han estafado.
Toda persona que se sienta afectada con precios adulterados, puede acudir a la Fiscalía del Consumidor o a la Dirección de Protección al Consumidor o hacer sus respectivas denuncias.