Bolivia
Los soldados se despliegan entre la tupida vegetación de la selva, buscando posibles cadáveres, pero con la secreta esperanza que 83 campesinos dados por desaparecidos estén escondidos o residiendo en otros poblados.
En tanto, fiscales y miembros defensores de los derechos humanos, se han unido a los militares que rastrillan la zona, para esclarecer lo ocurrido el 11 de septiembre en un hecho de violencia vinculado con las protestas contra el gobierno del presidente Evo Morales.
La búsqueda y la investigación en terreno se han centrado en las riberas del río el río Tahuamanu y zonas aledañas, que fueron el foco del incidente en que 15 personas murieron ametralladas, 30 resultaron heridas y 83 se han dado por desaparecidas, según dijo a AP el fiscal Isabelino Gómez .
El gobierno dijo que fue una ''masacre'' contra seguidores del presidente Morales, pero el prefecto (gobernador) del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, aseguró que fue un choque entre bandos rivales. Fernández fue tomado preso y acusado de organizar el ataque armado al grupo de campesinos.
De los desaparecidos se desconocen qué pudo sucederles. Muchos creen que algunos cuerpos fueron arrastrados por las aguas del río o que murieron desangrados cuando huían por la selva y sus cadáveres podrían estar entre el denso follaje.
El hecho de violencia ocurrió cerca de la localidad campesina de Porvenir, vecina a la ciudad de Cobija, la capital de Pando, a 610 kilómetros al norte La Paz.
La campesina Emilia Chipa, de 53 años, contó a la AP que ese día salió de su choza con una bandera boliviana en sus manos para ayudar a centenares de campesinos partidarios del gobierno de Morales que trataban de avanzar por un camino de tierra en el que habían sido abiertas tres zanjas con maquinaria de la prefectura de Pando, según dijo.
Los funcionarios opositores miembros de la prefectura buscaban detener la marcha oficialista con las zanjas, según el relato de la mujer.
''Nos avisaron que nuestros compañeros que acudían a la reunión no pudieron pasar'', contó Chipa.
Sin embargo, el jefe de seguridad ciudadana de Porvenir, Edgar Balcázar, tiene una explicación desde el punto de vista de los opositores.
''Nosotros intentamos que ellos (los campesinos) no llegaran a la ciudad para evitar enfrentamientos, teníamos informes de que ellos venían dispuestos a todo, con sus armas'', dijo Baltazar a la AP, en una entrevista en la plaza principal de Brasilea, población brasileña vecina de Cobija, donde se refugió después que el gobierno declarara estado de sitio en Pando.
La campesina pro-gobierno Wilma Hurtado dijo que lograron superar las zanjas y seguir avanzando, pero que se encontraron con unos 250 funcionarios de la prefectura con maquinaria y armados con armas de fuego y palos.
Hurtado dijo que durante una hora se intentó hablar con ellos pero no se llegó a un acuerdo y, al final ''la ley del monte se impuso'', acotó.
''Balas por aquí, balas por todo lado. Por un momento no entendía qué pasaba. Sólo corrí y me arrojé al río Tahuamano con mi niño en brazo. Fue una matanza'', agregó.
Balcázar dijo que fue herido cerca del ojo izquierdo con la culata de un arma y muestra sus moretones en los brazos, espalda y estomago. Señaló que los campesinos lo tuvieron como rehén por cinco horas para obligarlo a rellenar las zanjas.
Finalmente, los campesinos salvaron los obstáculos pero llegaron refuerzos de los opositores y comenzó la balacera que terminó con 15 muertos y 56 heridos, según las versiones de los campesinos oficialistas.
El destituido comandante de la policía, Silvio Magarzo, relató a la AP que la policía no podía parar la balacera. ''Fue un infierno, nosotros estuvimos al medio pero ni así evitamos el enfrentamiento'', expresó. Posteriormente él y sus efectivos se replegaron, señaló.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, relevó a Magarzo porque no actuó con prontitud para detener ''la masacre'', según señaló.
De acuerdo con las versiones, los disparos continuaron por horas y después miembros del Movimiento por las Autonomías, contrarios a Morales, quemaron centros comerciales de gente afín al partido de gobierno en Porvenir.
Los campesinos se dirigían a Cobija para llegar a una reunión en la que se exigirían 500 hectáreas para ese sector, dijo Hurtado.
Las primeras investigaciones muestran que los vehículos donde estaban los campesinos fueron baleados y quemados.
El alcalde del municipio de Filadelfia, Gonzalo Moreno, manifestó que los opositores volaron la alcaldía, pero sin que hubiera víctimas.
La fiscalía llegó a la zona con cinco fiscales que aún investigan el caso. Una de las necropsias estableció que el campesino Félix Roca, de 58 años, murió por el impacto de una bala con entrada por la espalda, lo que hace presumir que lo balearon cuando escapaba.
María de Roca, su viuda, dijo que su marido asesinado era agricultor y que fue obligado a asistir a esa reunión. ''Le pagaron a mi marido'', señaló.
Entre los bolivianos que huyeron a Brasilea se encuentra la principal dirigente cívica opositora de Pando, Ana Melena, quien buscó refugio en Brasil por temor a represalias, según dijo a la prensa. Ella dijo a AP que se mantiene clandestinidad hasta que tenga garantías para su integridad personal.
El denominado ''puente de la amistad'' que conecta a Cobija con Brasilea fue reforzado con un mayor presencia militar para controlar el ingreso y salida de bolivianos.