CN no cede a presiones para contratación de energía sucia

El Congreso Nacional no quiso aprobar en la oscuridad de la madrugada de ayer el contrato de 150 megavatios de energía sucia -carbón mineral- para evitar resultar “contaminado” como ha ocurrido con muchos funcionarios que defienden a capa y espada esta “compra de emergencia”.

Alfredo Saavedra, secretario del Poder Legislativo, confirmó que ese contrato no fue refrendado, sin embargo, el periodo de sesiones de la presente legislatura se amplió del 1 de octubre al 31 de diciembre, por lo que en cualquier momento se pretende aprobar la instalación de energía sucia en el país.

Agregó que la compra aprobada fue la de 100 megavatios de energía eólica, la que fue adquirida a 10.60 centavos de dólar el kilovatio a Mesoamérica Energy. Saavedra dijo que ese tema ha generado mucha controversia y por eso consideran que necesitan más espacio para aprobar o improbar ese contrato.

El gobierno ha venido presionando al Congreso Nacional para que apruebe la contratación directa de esa potencia, la que ha sido cuestionada por organismos nacionales e internacionales por el alto costo por kilovatio hora que pagó la ENEE -10.04 centavos de dólar por Kw/h- a la Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras (CECHSA), la que señaló de sobredimensionar los costos del flete marítimo y del carbón mineral.

La titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Rixi Moncada, compareció el pasado 9 de septiembre al Congreso Nacional para exponer a los diputados las “bondades” de esa compra directa, las que al día siguiente fueron rebatidas por Fernando Montes, presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

La inversión para la construcción de esa planta superará 300 millones de dólares, ya que se calcula entre 1.5 y 2 millones de dólares por megavatio.
Cuestionamientos

El Consejo de Ministros aprobó el 18 de junio de 2007, o sea hace 15 meses, la compra de emergencia de 305 megavatios, de los que 205 serían nuevas contrataciones divididas en dos bloques -150 y 100 MW-, y un tercero por 55 megas a través de la operación y mantenimiento de las plantas Sulzer y Alsthom, propiedad de la ENEE y ubicadas en Puerto Cortés.

El proceso, que fue dirigido por la junta interventora de la ENEE presidida por Arístides Mejía, fue cuestionado en un principio por el Banco Mundial, organismo que donó 660,000 dólares -11 millones de lempiras- para el diseño de una estrategia energética, que concluía que el mecanismo más idóneo para esa contratación era una licitación pública internacional.

La investigación del BM revelaba que el país necesitaba de manera urgente más de 300 megas para cubrir la demanda del periodo 2008-2010 e identificaba las fuentes para contratar esa potencia.

Además, el TSC criticó la contaminación al medio ambiente que provocaría la planta a instalarse en Puerto Castilla, Trujillo, ya que en el contrato no se especificó la adquisición de un precipitador y un lavador de azufre para reducir las emisiones de gases, lo que significaría una inversión que ronda 130 millones de dólares.

Esa situación ha provocado la alarma en los pobladores del litoral Atlántico -Cortés, Atlántida y Colón-, quienes organizaron el Comité de Protección del Caribe para rechazar la construcción de la central que quemará carbón para generar energía sucia.

La Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (Ahpper), a través de su ex presidente Jack Arévalo, ha criticado la falta de una política energética que promueva la generación de energía renovable, ya que muchos de sus proyectos tienen más dos años de espera de la autorización ambiental.

Agregó que en estos momentos ellos estarían produciendo 100 megavatios de energía hidroeléctrica.