Conflictos sociales amenazan la gobernabilidad

Las protestas callejeras, las tomas de vías públicas y de edificios estatales y privados, como medidas eficaces para lograr exigencias de todo tipo van en ascenso ante un gobierno incapaz de prevenir y solucionar el aumento de la conflictividad social.

Actualmente los conflictos sociales constituyen una verdadera amenaza para la estabilidad social y la gobernabilidad del país. Lo que se presenta como más grave dentro de este panorama lleno de caos, es la estimulación de choques por parte del mismo gobierno, como se ha denunciado públicamente, con el fin de crear un ambiente propicio para continuar por más tiempo en el poder.

Una de las principales características de la dadivosa administración del presidente Manuel Zelaya es el incremento de las demandas sociales, con saldos perjudiciales para la educación, la salud, la economía, las finanzas, el ambiente y la agricultura, incluso con pérdida de vidas humanas como sucedió recientemente con la matanza de campesinos en Silín, departamento de Colón.

Según un estudio del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh) denominado la Conflictividad Social y la Gobernabilidad Democrática en Honduras, los políticos también están contribuyendo al incremento de esta problemática.

Las diversas facciones que han proliferado dentro de los partidos grandes y pequeños, en su intento desesperado por llegar a manejar el poder y las finanzas del país, han creado un clima de enfrentamiento y polarización.

REALIDAD

Según el estudio del Cedoh, en esta administración gubernamental se han registrado, hasta agosto recién pasado, 744 conflictos sociales.

En el año 2006 se reportaron 237 casos, en el 2007 el número fue de 267, y al primer semestre del 2008 ya se contabilizaban 240.

Dentro de estos hechos generados por diversos sectores sociales y grupos políticos también resaltan las decisiones del gobierno de adherir el país a la iniciativa de Petrocaribe y a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de las Américas (Alba).

De esta forma la conflictividad intrapartidaria, la confrontación política y la crispación en el mundo empresarial se han convertido en una especie de complemento alarmante para que la problemática vaya creciendo y ampliándose cada vez más, dice el análisis.

En la presentación del informe, la socióloga Leticia Salomón expuso que la conflictividad social va en aumento, y cada vez adquiere perfiles más definidos en cuanto a las áreas de expresión. Ella criticó la falta de políticas de prevención y solución de conflictos por parte del Estado.

Es notorio el aumento de los conflictos en los primeros meses del año, sobre todo a partir de febrero, cuando se reanudan las clases en el sistema educativo, pero en marzo también puede apreciarse un incremento de los problemas, principalmente en el sector rural pues en ese tiempo inician los trabajos de siembra aumentado las presiones sobre la tierra y las disputas que se derivan del obsoleto sistema de tenencia y distribución de los principales factores de producción en el agro nacional, plantea el estudio.

El informe es contundente al afirmar que “El Estado sigue siendo incapaz de procesar adecuadamente la conflictividad social, y por ello, con frecuencia, afecta y perjudica los adecuados niveles de gobernabilidad política que el país necesita”.

Para el analista Rolando Sierra, es peligroso cuando un Estado va acumulando demandas tras demandas y al final se encuentra encerrado y sin capacidad para dar una respuesta.

“Una de las ventajas que ha tenido este gobierno para cumplir con las exigencias, principalmente salariales, es que cuenta con los recursos de la reducción de la pobreza y el incremento de las remesas, pero ¿qué va a pasar en los otros gobiernos que no tendrán estos fondos?”, cuestionó.

Entre los analistas de la problemática del país existe una preocupación por el aumento de los conflictos sociales, los cuales parecen no tener fin.