Honduras
Se tiene que recurrir a un mandato judicial para que Soptravi y las alcaldías municipales pongan fin al pésimo estado de las carreteras del país.
La Fiscalía de la Constitución inició una investigación sobre si realmente los funcionarios cumplen con su labor de proteger la integridad física de las personas.
“Se ha ordenado el estudio para que se determine si las autoridades de Soptravi o municipales violentan derechos de los ciudadanos al omitir su deber en cuanto a la protección que tienen que dar a los ciudadanos por la falta de mantenimiento de las calles”, manifestó la fiscal de la Constitución, Georgina Sierra.
Por el deterioro de las carreteras se violentan preceptos constitucionales como el derecho a la vida y la integridad corporal de las personas.
Estos derechos están consignados en los artículos 65 y 68 de la Constitución.
Asimismo, se analiza el artículo 183 constitucional que regula cuándo procede interponer recursos y el 298 que determina la responsabilidad que tienen las alcaldías municipales.
Finalmente, se estudia el capítulo referente a la responsabilidad de los funcionarios del Estado, el que conlleva la protección de los derechos de las personas.
Amparo
Producto de lo que se concluya en el estudio, la Fiscalía de la Constitución definirá si interpone un recurso de amparo ante la Corte Suprema.
Dicho recurso a favor de las población tiene por fin que obligar por la vía judicial a Soptravi y a las alcaldías a ejecutar un mantenimiento eficaz de las carreteras y calles del país.
Para interponer el amparo se tiene primero que agotar la vía administrativa.
“Pero en estos casos, donde hay una inminente violación a los derechos y un peligro inminente tanto de la vida como de la integridad personal física de las personas, se podría plantear interponer el recurso (de forma directa ante la CSJ)”, explicó.
“Por ahora se ha ordenado el estudio, intentaremos que sea lo más pronto posible el tener una respuesta y una solución al estudio”, manifestó Sierra.