Honduras
San Pedro Sula. Desde el 21 de noviembre entró en vigencia la nueva Ley de Policía, instrumento legal que regirá todas las actividades de los cuerpos policiales en el país.
Una de las disposiciones que contempla la ley es que la Dirección General de Investigación Criminal (Dgic), ahora Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dnic), investigará todos los delitos comunes y faculta a la Dirección General de Servicios Especiales (Dgsei) para atender todos los delitos del crimen organizado.
El artículo 63 de la nueva ley establece que “la Dirección Nacional de Investigación Criminal, que en adelante se identificará como Dnic, actuará bajo la dirección técnico jurídica del Ministerio Público, y tiene por objeto investigar los delitos comunes, identificar a los responsables de los mismos, a efecto de ofrecer a los Agentes de Tribunales de este último los elementos objetivos necesarios para el ejercicio de la acción penal”.
Mientras que el artículo 68 establece “la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, es un organismo que tiene por objeto atender los asuntos sobre investigación de delitos especiales, tales como: contrabando, la defraudación y evasión fiscal, el lavado de activos, casos de corrupción, trata y tráfico de personas, narcotráfico, delito informático, así como los delitos transnacionales y todo lo que tenga relación con el crimen organizado.
Coordinará sus actuaciones con las de otros servicios de investigación a fin de evitar conflictos de competencia y duplicidad de gasto de recursos”.
Esta situación ha generado reacciones diversas, en algunos miembros de la policía de investigación, quienes consideran que este es un golpe en sus funciones y se les limita sus operaciones.