Piden a Cancillería que informe sobre indemnización a Oliva

La Fiscalía contra la Corrupción solicitó a Cancillería un informe sobre si existen antecedentes de una indemnización otorgada a la coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, por violaciones a los derechos humanos durante la “guerra fría”.

Esta Fiscalía investiga los alcances de la millonaria indemnización que se cancelará por dos casos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales acontecidas en la década de los 80.

Según el decreto ejecutivo PCM-028-2008, el gobierno se compromete a pagar indemnizaciones por violaciones a derechos humanos a Bertha Oliva, por la desaparición forzada de Tomás Nativí.

Asimismo, se compromete a indemnizar al asesor legal de la Presidencia, Milton Jiménez, y a otros cinco estudiantes por detención ilegal.

Denuncia

La Fiscalía de Derechos Humanos recibió, la semana anterior, una denuncia interpuesta por los primeros hijos de Tomás Nativí, quienes exponen que Bertha Oliva ya fue indemnizada.

La denuncia fue trasladada a la Fiscalía contra la Corrupción para confirmar si se planifica una doble indemnización por un hecho específico, lo cual sería un acto ilegal en que estaría incurriendo el Estado.

La propia Bertha Oliva confirmó el viernes en conferencia de prensa que hace seis años retiró el pago de una indemnización para que no cayera en deuda pública.

“Hay que acreditar la existencia de los mismos, lo cual hemos hecho enviando una nota a la Cancillería, solicitándole a la mayor brevedad nos informe con el fin de confirmar si hubo un pago a los que están indemnizando en estos momentos”, informó el fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado.

Similar petición se efectuará esta semana a la Procuraduría General.

Si la prueba documental confirma que Bertha Oliva recibió indemnización, la Fiscalía la citará para que confirme de su propia voz esos extremos y explique por qué se pretende reindemnizarla por un mismo hecho.

“Nosotros estamos claros en que cualquier hecho denunciado debe ser investigado, no podemos hacer caso omiso a una denuncia de tal naturaleza”, manifestó el fiscal especial.

En esta investigación, la Fiscalía analizará los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y abuso de autoridad en que estarían incurriendo funcionarios públicos.