Fiscalía procederá contra funcionarios corruptos
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Honduras
El escándalo de corrupción en Hondutel, que incluye el pago de un millonario soborno a funcionarios, no quedará impune.
Al menos ese es el compromiso asumido ayer por los titulares del Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo anterior se deriva del conocimiento que tuvieron estas entidades del comunicado librado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el cual se informa que la empresa de telecomunicación de ese país, Latinode, se declaró culpable en una Corte del sur de Florida de pagar al menos 1.09 millones de dólares (unos 20 millones de lempiras al cambio actual) en sobornos a funcionarios hondureños. La empresa estaba siendo investigada por el FBI y la Oficina de Aduanas y Migración de Estados Unidos. Al declarase culpable en una Corte, la empresa fue multada a pagar dos millones de dólares.
La historia del pago de sobornos para obtener el servicio de interconexión data de finales de 2004, pero la de un nuevo soborno para la reducción en las tarifas a Latinode, según el informe de investigación estadounidense, es desde noviembre de 2006.
Según los documentos presentados en la Corte, los pagos ilegales se hicieron entre finales de 2004 y 2007 a través de contratos falsos de consultoría y emisión directa de cheques o transferencias a cuentas bancarias de altos funcionarios de Hondutel, con el propósito de lograr acuerdos de interconexión y reducción de tarifas.
En el documento emitido por la Corte, los funcionarios hondureños que fueron sobornados no fueron identificados por su nombre y apellido, sino que se hace una descripción del puesto de cada uno de ellos. Son señalados como el funcionario A, B y C.
El ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, Otto Reich, ha dicho que la práctica de sobornos ha sido “permitida o alentada” por el propio presidente de Honduras, Manuel Zelaya.
Ver: Compañía de EE UU admite que pagó millonario soborno
Investigación
La investigación de este caso es conducida en Honduras por el MP, apoyada por el Tribunal Superior de Cuentas y la PGR, con el fin de deducir responsabilidades penales a los responsables.
“Sabemos que hay un hecho ilícito, lo que nos corresponde a nosotros como institución es determinar quiénes son los responsables y, obviamente, la aplicación de las penas. Le vamos a dar el curso normal que esto amerita. Es un acto que no va a quedar impune de ninguna manera”, expresó el fiscal general, Luis Alberto Rubí, en una conferencia de prensa.
En primer lugar, el MP solicitará al gobierno de EE UU, mediante una asistencia judicial, que proporcione información que identifique los nombres de los funcionarios hondureños que fueron sobornados por Latinode.
“Estamos preparando ya la asistencia judicial para que (EE UU) nos mande la certificación del expediente en el cual hay una declaración de confesos en la comisión de un delito, una vez que lo tengamos vamos a hacer la acción que se requiere”, expresó. Mientras se envía la certificación de la sentencia, el MP inició preparativos para enviar fiscales a Miami, Florida, con el objeto de tener un conocimiento exacto de los hechos, recabar pruebas documentales y tomar declaraciones testificales a quienes conocen de la denuncia.
“El interés principal es conocer los nombres de los funcionarios (que recibieron soborno), para deducir las responsabilidades del caso”, manifestó.
En torno a lo aseverado por Otto Reich, el fiscal general dijo que esperará que aporte pruebas para sustentar la investigación. “Todo aquello que nos conlleve a determinar cualquier acto de corrupción realmente lo vamos a investigar”, aseguró. Igualmente, espera que el vicepresidente de la Fundación Arcadia, Robert Carmona-Borjas, colabore brindado elementos probatorios o una declaración testifical.
Ver: Así se planificó la gran estafa contra Hondutel
Dos acusaciones
La Fiscalía contra la Corrupción ya tiene avanzadas las investigaciones de esta denuncia, al grado que tiene listos dos requerimientos fiscales que serán presentados en los tribunales de justicia.
“Esta resolución del Departamento de Justicia de EE UU ha venido casi a confirmarnos las investigaciones que hemos venido realizando”, expresó.
“Tenemos listos ya dos requerimientos, estamos trabajando en esto, estamos esperando hacer las últimas investigaciones para actuar de una forma más veraz”, afirmó Rubí, quien prefirió omitir los nombres quienes serán acusados por esta corrupción en Hondutel.
Solo adelantó que en uno de los requerimientos serán acusados los funcionarios hondureños que fueron sobornados y en el otro serán requeridos socios de Latinode.
“Se ha cometido un delito, hay un hecho criminal y en ese hecho lógicamente alguien es responsable y de eso nosotros ya tenemos pues prácticamente indicios fuertes de quiénes son los responsables, y lógicamente se podría decir que tenemos listos los dos requerimientos fiscales”, señaló el fiscal. Se imputarán delitos de fraude, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y cohecho. Descarta que en las investigaciones se encuentre la participación de Zelaya Rosales en algún delito.
Ver: Versión del Herald causa cadenas de radio y TV
PGR se involucra
La procuradora general, Rosa América Miranda, llegó la tarde de ayer al MP, acompañada de un equipo de procuradores, con el objeto de ofrecer apoyo al fiscal general y coordinar las investigaciones de este escándalo. “El propósito es trabajar juntos y poder darle una respuesta efectiva al pueblo. No es cuestión de juego, hay que tomarlo con la seriedad, no estamos tratando las cosas políticamente, sino que nuestro papel es actuar de acuerdo a la ley. Nadie está superior a la ley”, expresó la procuradora, quien no adelantó qué diligencias efectuará la PGR, que interviene por una lesión ocasionada al Estado.
Por su parte, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tiene listo un informe de la auditoría practicada en Hondutel, que incluye posibles pliegos de responsabilidades civiles y administrativas por las pérdidas ocasionadas al Estado por las operaciones de Latinode.
No se investiga la denuncia de soborno a funcionarios, sí las consecuencias negativas que sufrió el Estado por el ilícito, expresó el director ejecutivo del TSC, Moisés López Alvarenga.
En este caso el presidente no está involucrado: Embajada EUA
La embajada de Estados Unidos dijo en un comunicado que las declaraciones del ex secretario de Estados Otto Reich y de Robert Carmona no representan la posición de ese país porque ambos no son funcionarios, por lo que no hay ningún comentario que hacer sobre el tema.
“La Embajada no tiene comentario sobre las declaraciones que los señores Otto Reich y Robert Carmona han hecho a los medios sobre este caso. Los señores Reich y Carmona son ciudadanos particulares, no son partes en el caso y de ninguna manera representan al Gobierno de los Estados Unidos”, dice el breve comunicado de esta misión diplomática.
Asimismo, el escrito de la representación diplomática asegura que “no hay ninguna mención o referencia del presidente Zelaya u otros funcionarios hondureños en los documentos referentes a este caso. Esta investigación o proceso judicial no involucra al presidente Zelaya”.
Ayer se rumoreó que el embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, se reunió en privado con Zelaya en Casa Presidencial.
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