Los tiros de la discordia

Si se encuentra en medio de una balacera, siga estos consejos: tírese al suelo y cubra su cabeza con ambas manos. Si está en el interior de un vehículo arrójese al piso y proteja a los menores. No salga del automóvil, pues los criminales pueden confundirlo con un rival. Espere a que cesen los disparos y, aunque lleguen las patrullas, salga con las manos en alto para que los agentes tampoco lo confundan. Recuerde que son momentos de tensión para todos.

Estas instrucciones fueron publicadas en uno de los diarios locales del estado de Durango, al norte de México, una de las zonas más afectadas por la violencia de los carteles de droga. Camionetas baleadas, asesinatos en plena calle, amenazas de muerte en las paredes públicas… De todo se ve en Durango, así como en Ciudad Juárez y Tijuana, sedes principales de una ola de violencia que ya lleva más de 1,100 muertos en los tres primeros meses del año. La causa es la guerra del Estado mexicano contra los carteles de droga. Una guerra que se libra con armas estadounidenses. De acuerdo a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EE UU. (ATF, por sus siglas en inglés), un 90% de las armas que se confiscan al crimen organizado en México provienen de ese país. Un problema que se ha transformado en una de las cuestiones más urgentes para el gobierno de Barack Obama en sus relaciones con América Latina.

No es para menos. En las cercanías de los 3,141 kilómetros de frontera que comparte con México, EE UU cobija 6,600 distribuidores de armas autorizados, el 12% de los que hay en todo el país. Estos puntos de venta no deben reportar compras de grandes cantidades de armas, como, por ejemplo, réplicas de fusiles de asalto AK-47 -una de las más usadas por los carteles en México-, ya que caen bajo la clasificación de rifles.

Mientras que en México para un ciudadano es casi imposible conseguir un arma, en EE UU muchas personas las compran y pasean con orgullo. Las tiendas de armas son verdaderos supermercados, con salas de práctica de tiro, libros, y hasta camisetas que dicen "los criminales prefieren a víctimas que no portan armas", además de una enorme variedad de revólveres y rifles semiautomáticos para los cerca de 250 millones de clientes en el país, según cifras de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Es el resultado de la Segunda Enmienda, que transforma en EE UU el derecho de tener y portar armas en algo sagrado. Un derecho tan polémico, que sale a flote en cada elección presidencial y que los republicanos están ávidos de defender y los demócratas ansiosos por limitar.

LA AMBIGUA LEY. El ambiente era tenso. A las 16 horas del 23 de febrero, en la embajada de México en Washington, Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República (PGR) de México, explicaba los resultados de su reunión con el procurador de justicia estadounidense, Eric Holder, y con la secretaria de seguridad interna, Janet Napolitano. "EE UU comparte el sentido de urgencia de nuestro país frente al flujo de armas y dinero que llega a los carteles", decía Medina Mora. Le siguió una lluvia de inquietudes de los periodistas que cuestionaban sus declaraciones y la imagen de control que su gobierno trata de proyectar. Y es que aunque es innegable que la ofensiva del ejército mexicano ha tenido resultados, también es cierto que las versiones sobre un avance o retroceso en la seguridad de México, y específicamente en el área de flujo de armas, son siempre contradictorias. Por ello para México es urgente que EE UU restrinja de algún modo su industria armamentista. Pero no es fácil. En su historia, EE UU solo ha dictado tres normas que restringen la Segunda Enmienda. La primera de ellas fue el acta de 1968 que prohíbe las transferencias de armas entre distintos estados de la nación, excepto entre distribuidores autorizados.

Esa acta prohíbe, además, la posesión de armas a personas condenadas por un crimen federal, fugitivos, adictos a las drogas, entre otros. La segunda acta, firmada por Bill Clinton en 1993, conocida como la ley Brady, determinó que los compradores de armas debían ser sometidos a un chequeo previo de antecedentes. La tercera es de 1994 cuando se aprobó una prohibición a la venta de armas semiautomáticas a los civiles. Sin embargo, la proscripción expiró en septiembre de 2004 y no ha vuelto a renovarse.

La resistencia legal de la Segunda Enmienda se explica por las sumas que se invierten en el cabildeo o lobby en el Congreso. Solo en el último trimestre de 2008, la NRA pagó 580,000 dólares a diferentes firmas para proteger la Segunda Enmienda. "Dada la influencia política del NRA y otros grupos pro-armas, ubicados especialmente en los estados del sur, no existe virtualmente ninguna oportunidad que se aplique un control más estricto de las leyes de control de armas", dice Ted Carpenter, vicepresidente para defensa y política exterior del Instituto Cato, un centro de estudios liberal que defiende el derecho de los individuos de portar un arma. Desde el otro lado intelectual, Vanda Felbab-Brown, experta en política exterior del Instituto Brookings, coincide al señalar las dificultades para que haya un cambio real. "No creo que vaya a ser fácil introducir modificaciones relacionadas con armas de fuego en EE UU", dice Felbab-Brown. "El control ha sido muy difícil y no ha cambiado por muchas décadas, sin importar la situación en México… El gobierno de ese país no podrá contar con cambios en la legislación de armas en Washington como vía para resolver el problema. Necesitan enfocarse en lo que ellos pueden hacer internamente". No obstante, el problema es cada vez más doméstico para EE UU: las armas permiten el tráfico de drogas que consumen sus ciudadanos y la violencia en el país del lado migra en la forma de secuestros, asesinatos y balaceras vinculados con el tráfico de droga, y que no han podido ser evitados con la mayor supervisión en la frontera. "Hay más conciencia respecto a que no es solo un problema de México, sino de toda la región, porque las pandillas de EE UU están íntimamente integradas en las operaciones de los carteles", dice Tom Díaz, analista del Centro de Políticas sobre Violencia, en Washington.

Fue eso lo que inspiró al congresista Eliot Engel, cuando, a mediados de febrero, envió una carta al presidente Obama en nombre de 53 representantes de ambos partidos, pidiéndole que regrese la ley de prohibición de importación de armas de asalto o semiautomáticas dentro de EE UU. Además, personajes respetados en el área de drogas y tráfico, y que son escuchados en el Capitolio, como el general retirado Barry McCaffrey, han afirmado que México necesita ayuda y que éste no es un problema unilateral. Tras su visita al país, en diciembre de 2008, McCaffrey presentó un reporte en el que aseguraba que las autoridades y el ejército mexicano enfrentan a carteles armados con armas de alto poder. "Las compran de distribuidores localizados en Texas, Arizona y California", escribió. "Rifles similares a los AK- 47 son adquiridos por cientos de una sola vez y traficados ilegalmente a México".