Honduras
Las investigaciones por la intentona golpista del pasado 25 de enero no se detienen en el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía Contra la Corrupción y la Fiscalía de Defensa de la Constitución realizan de forma conjunta una investigación sobre la denuncia que hiciera pública el diputado liberal Wenceslao Lara y otros parlamentarios del Congreso Nacional sobre la propuesta del rompimiento del orden constitucional por parte de funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
Lara denunció al ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, de proferir las amenazas la noche del 25 de enero, si no se elegían a los magistrados de la Corte Suprema, incluyendo a su esposa, Sonia Marlina Dubón.
Además, señala como responsables al funcionario Arístides Mejía; al comisionado de Bancos y Seguros, Milton Jiménez; al titular de Soptravi, Saro Bonano; y al presidente de Conatel, Raúl Valladares.
Todos ellos llegaron a presionar al Congreso, supuestamente siguiendo órdenes de Manuel Zelaya Rosales.
Ya han declarado los diputados liberales Gabo Jalil, Juan Ángel Rivera y Arnulfo Miralda.
Asimismo, un equipo de fiscales se trasladó al Estado Mayor para tomar la declaración del general Romeo Vásquez Velásquez.
Sobre el caso, la Fiscalía contra la Corrupción recibió del jerarca militar el informe del listado de efectivos que se encontraban de turno en las unidades militares en la noche del pasado 25 de enero.
“Estamos concluyendo lo que falta, luego haremos un análisis para evaluar la tipificación de delitos y consecuentemente el requerimiento fiscal”, expresó el fiscal general, Luis Rubí. Por esta denuncia las fiscalías investigan delitos de traición a la patria y contra la forma de gobierno.