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Juzgado de Letras Contencioso suspende la encuesta de junio

Argumenta que con la encuesta y la cuarta urna se “redundaría en daños económicos, políticos y sociales de imposible reparación para el Estado”. PGR y MP se notificaron ayer del fallo
27.05.09 - Actualizado: 28.05.09 03:13pm - Redacción : diario@elheraldo.hn

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Tegucigalpa ,

Honduras

Por orden judicial se suspende la encuesta del último domingo de junio.

El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, a través del juez Jorge Zelaya Zaldaña, dejó sin valor y efecto el decreto ejecutivo PCM-05-2009 emitido el pasado 23 de marzo.

Dicho decreto estaba orientado a realizar una consulta popular para instalar una cuarta urna en las elecciones generales el próximo mes de noviembre.

Zelaya firmó una sentencia interlocutoria en torno al incidente de suspensión del acto impugnado, motivada en la demanda de nulidad que interpuso el Ministerio Público (MP), registrado con el número de expediente 151-2009.

El MP pidió al Juzgado Contencioso Administrativo la suspensión de la encuesta como una medida preventiva al considerar que la cuarta urna es ilegal ya que la misma busca instalar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución política, con la que se trastocarían los artículos pétreos.

La posición del MP fue avalada por la procuradora general, Rosa América Miranda, en su calidad de representante legal del Estado.

“Falla: Primero: declarar con lugar la presente cuestión incidental de suspensión del acto impugnado, solicitado por la parte incidentista (demandante).

Segundo: en consecuencia se suspenden todos los efectos del acto administrativo tácito impugnado de carácter general que contiene el Decreto Ejecutivo PCM-O5-2009, del 23 de marzo del 2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo; de igual manera la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo, a través del Presidente Constitucional de la República, o cualquiera de las instituciones que componen la estructura administrativa del Poder Ejecutivo”, cita la parte resolutiva de la sentencia emitida ayer por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo.

Este es otro revés del Ejecutivo en sus pretensiones de dar un zarpazo a la Constitución.

 

Argumentos

En la sentencia, el juez expone los argumentos que sirvieron de base para suspender la consulta de junio. “El Estado de Honduras es un Estado de Derecho, por lo que sus actuaciones están sometidas únicamente al imperio de la Constitución de la República y las leyes, y por todo lo expuesto en el presente fallo es procedente decretar la suspensión del acto administrativo tácito objeto de revisión en el presente juicio por considerar que su implementación redundaría en daños de carácter económico, político y social que serían de imposible reparación para el Estado de Honduras”, justifica la sentencia.

La procuradora general, Rosa Miranda, y el fiscal contra la Corrupción, Gelmer Cruz, acudieron la tarde de ayer al Juzgado para notificarse de la sentencia, se mostraron conformes con lo resuelto por la instancia judicial.

El Poder Ejecutivo anunció la derogación del presente decreto por otro con el cual solo se cambiaría la forma, no el fondo del caso. Se cambia la palabra “consulta” por “encuesta de opinión pública”.

“Nosotros no hacemos nada más que poner en cumplimiento lo que establece la Constitución, realmente nos sentimos satisfechos porque el Ministerio Público siempre tuvo la razón, los hemos hecho retroceder, los hemos hecho a través de el sistema jurídico, que se dieran cuenta de que no se puede estar emitiendo decretos que están fuera de la ley”, expresó el fiscal general, Luis Rubí.

El MP analizará los alcances del nuevo decreto y de ser necesario se volvería a impugnar. Asimismo se considera pedir al Juzgado que actúe de oficio para que no tenga efectos el nuevo decreto, porque el fondo del proyecto del Ejecutivo no ha cambiado.

“Queremos en primera fase establecer que no se viole la Constitución y segundo, deducir responsabilidades a quienes insisten en querer violentar la misma”, puntualizó Rubí.

El secretario privado del Presidente, Enrique Reina, dijo que los medios oficiales no obedecerán la prohibición del Tribunal Supremo Electoral de divulgar las promociones de la cuarta urna porque la determinación no ha sido publicada en La Gaceta.

Empero el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera, aclaró que las resoluciones del órgano electoral son de obligatorio cumplimiento y no existe la necesidad que sean publicadas en La Gaceta.

* Cronología:

23/03/ 2009 El Consejo de Ministros, emite el decreto PCM-05-2009, de la consulta.
08/05/2009 El MP interpone una demanda de nulidad del decreto y pide la suspensión de la encuesta.
12/05/2009 El Juzgado admite la demanda, la que ayer fue admitida con suspensión del acto impugnado.

Emiten nuevo decreto inconstitucional

El gobierno admitió la ilegalidad de decreto que autorizaba la encuesta popular y lo anuló, pero emitió otro con los mismos vicios inconstitucionales para que el ejercicio ahora se denomine encuesta nacional de opinión.

La determinación se adoptó la noche del martes en Consejo de Ministros y consistió en dejar sin efecto decreto PCM 05-2009, que nunca fue publicado y en su lugar se aprobó el PCM 019-2009.

El fin de la nueva disposición es igual que la anulada, es decir hacer una consulta nacional para plantear la siguiente pregunta : “ Esta de usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República ? si o no? , según el artículo 1.

El artículo 2 instruye a todas las instituciones centralizadas y descentralizadas de Estado que deben ejecutar “activamente todas las tareas que les sean asignadas para la realización “ de la encuesta.

El ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, se negó a decir cuándo sería publicado en La Gaceta este nuevo decreto para que sea ley y de cumplimiento obligatorio, pero aseguró que mientras tanto las instituciones del Poder Ejecutivo tienen que obedecerlo a razón de “régimen presidencialistas” .

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