Sin valor todo decreto que promueva la cuarta urna

En materia legal la encuesta y cuarta urna están enterradas, son una triste historia en la memoria de los hondureños.

El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo resolvió ayer dejar sin valor ni efecto cualquier decreto que emita el Poder Ejecutivo orientado a que se lleve a cabo una encuesta de opinión con el fin de que se instale una cuarta urna en las próximas elecciones generales de noviembre.

Esta cuarta urna pretendía consultar a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con que se instale una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de crear una nueva Constitución.

Lo anterior se exponía en el decreto ejecutivo PCM-05-2009, que fue impugnado por el Ministerio Público (MP).

El pasado 27 de mayo el titular del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, Jorge Zelaya, dictó una sentencia interlocutoria con la cual admite la demanda de nulidad interpuesta por el MP, con suspensión del acto impugnado, es decir, la encuesta del último domingo de junio y la promoción de la misma.

Previo a que el Juzgado admitiera la demanda con suspensión del acto impugnado, el Ejecutivo anunció la anulación del decreto PCM-05-2009 admitiendo de que el proceso era ilegal.

A cambio se anunció la creación de un nuevo decreto, el PCM-019-2009, con el cual solo cambia la palabra “consulta” por “encuesta de opinión pública”, por lo que en el fondo no se sufrió ningún cambio dejando intactas las pretensiones del Ejecutivo de dar un zarpazo a la actual Constitución.

Aclaración

Por lo anterior, el MP solicitó al juez Zelaya que aclarara los alcances de la sentencia interlocutoria de admisión de la demanda, con suspensión del acto impugnado, contra el decreto PCM-05-2009.

“Aclara: la sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo del 2009, en el sentido que los efectos de la suspensión ordenada al acto tácito de carácter general que contiene el decreto ejecutivo PCM-05-2009, de fecha 23 de marzo del 2009, incluye a cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular que se haya emitido o se emita, ya sea expreso o tácito por su publicación o falta de publicación en el diario oficial La Gaceta que conlleve al mismo fin del acto administrativo tácito de carácter general que ha sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o interrogatorio que implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara”, cita la parte resolutiva de la aclaración emitida ayer por el titular del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo. Esta instancia judicial basa su aclaración en las facultades que le concede la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos Civiles. La ley ordena que “los tribunales de esta jurisdicción deben adoptar cuantas medidas sean necesarias para satisfacer totalmente lo resuelto en los fallos que emitan”.

La parte demandante como lo es el MP, representada por el fiscal contra la Corrupción Gelmer Cruz y la procuradora general, Rosa Miranda, se notificaron ayer de la aclaración judicial.

“El MP está satisfecho con la resolución emitida por el Juzgado, en virtud que ha aclarado la sentencia en relación a los efectos que tendría la misma”, reaccionó Cruz. También se notificó del fallo Mauricio Velasco, presidente de Pro Justicia, parte coadyuvante en el juicio.

* RESOLUCION: El Juzgado es puntual y determinante, todo acto que tenga por alcance la celebración de la encuesta o consulta, quedan sin valor y efecto.