Sube el nivel de confrontación

Las iras, los miedos, elevados hasta el paroxismo por megalomanías y egocentrismos amenazados, que se han destapado en abundancia en contra y a favor de la cuarta urna, parecen no tener fin ni en cantidad ni en intensidad.

Al empecinamiento del gobierno de Manuel Zelaya de colocar en las elecciones de noviembre próximo una cuarta urna para que el pueblo hondureño decida si quiere o no una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, en contra de lo establecido en la actual Carta Magna, ha desatado una confrontación política sin precedentes que sigue in crescendo y amenaza alcanzar niveles de peligro para la estabilidad y el proceso democrático del país.

A las acciones de la Procuraduría General, del Ministerio Público, de los juzgados, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al igual que de sectores empresariales y políticos tradicionales, en contra de la pretensión del Poder Ejecutivo de realizar, contra viento y marea una consulta popular sobre la cuarta urna el próximo 28 de junio; a las denuncias del presidente del Congreso Nacional de supuestas amenazas de muerte e intentos de chantaje por parte del Poder Ejecutivo, se une una potestad nunca antes utilizada en anteriores lucha de poderes: la que tiene el Poder Legislativo de aprobar o improbar la conducta de los demás órganos del Estado.

“El Congreso Nacional integrado por diputados que representan al pueblo, de conformidad con el artículo 202 de la Constitución y en ejercicio de la atribución 20 del artículo 205 del referido texto legal, siendo que la conducta del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de su obligación de remitir el proyecto del presupuesto nacional, así como la pública desobediencia de un mandato judicial que complementa con la arbitraria orden de las Fuerzas Armadas de apoyar al Instituto Nacional de Estadística en una ilegal encuesta, es notoriamente una negativa práctica de su administración, imprueba la conducta del Poder Ejecutivo y lo previene para su rectificación inmediata”, establece la resolución aprobada el miércoles con la oposición de los diputados de UD y uno del Pinu.

Independientemente de los grandes intereses que se juegan en el mantenimiento o el cambio en la forma de conducir los destinos del país, lo que no deben olvidar las partes en pugna es el compromiso patriótico, moral y político de no llevar esta confrontación hasta la ruptura del sistema democrático, de la gobernabilidad y la relativa tranquilidad social.