México
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 fueron secuestrados 9,758 migrantes indocumentados en México, en su mayoría procedentes de Honduras.
En su Informe Especial sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes divulgado el lunes, la CNDH señaló que 9,194 de los secuestros fueron ejecutados por bandas organizadas, aunque en 91 casos se detectó incluso la participación de autoridades mexicanas.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, informó durante la presentación del reporte que el monto de rescate que se pide a las víctimas va desde los 1,500 hasta los 5,000 dólares, lo cual se habría traducido en un beneficio aproximado de 25 millones de dólares por la liberación de los 9,758 casos documentados.
Dijo que los indocumentados hondureños fueron los migrantes más afectados por el secuestro, con el 67%; seguidos de los procedentes de El Salvador (18%) y Guatemala (13%). El resto procedían de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú.
El 55% de los secuestros ocurrieron en el sur de México; el 11.8% en el norte y un 1.2% en el centro del país.
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Soberanes dijo que a partir de 2007 la CNDH comenzó a recibir algunas quejas por secuestro de migrantes en distintos lugares del país, aunque ahora es un problema importante.
"Si el secuestro de migrantes era hace dos años una práctica en riesgo de expandirse y su contención planteaba numerosas dificultades, ahora configura una conducta delictiva que se caracteriza por su alta impunidad y que afecta a un grupo que ya era especialmente vulnerable", advirtió Soberanes.
Refirió que antes de 2007 sólo había reportes de secuestros emigrantes mexicanos en Arizona, Estados Unidos.
La documentación de los casos fue hecha a partir de visitas a centros de detención temporal, albergues y casas que prestan ayuda a migrantes. Este es el primer estudio estadístico sobre el secuestro de indocumentados.
El informe también arrojó que un 67.44% de los migrantes (6,581) viajaban acompañados, lo cual reflejaría que los plagiados prefieren cometer el ilícito en grupo para tener más beneficio económico.
Soberanes advirtió que de su investigación se deduce que el sistema de justicia mexicano es ineficiente para prevenir, investigar, perseguir y castigar este delito.