Alba planea interferir a favor de consulta ilegal

Los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), manifestaron que se "movilizarán" ante intentos de "quebrantar el orden constitucional" en Honduras, donde el presidente Manuel Zelaya aspira a cambiar la Constitución, informo la cancillería venezolana el jueves.

"Al conocer las serias denuncias de desestabilización e intento de golpe de Estado formuladas" por Zelaya (...) "declaramos que nos movilizaremos, junto al digno pueblo hondureño, ante cualquier intento de la oligarquía de quebrantar el orden constitucional y democrático" en Honduras, dijeron los "gobiernos del Alba" en un comunicado publicado por el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.

"Manifestamos nuestro más firme respaldo al gobierno" de Zelaya "en sus justas y decididas acciones por defender el derecho del pueblo hondureño a expresar su voluntad soberana y a impulsar un proceso de transformación social en el marco de la institucionalidad democrática", agregó el texto.

El Alba fue creado en 2004 por Cuba y Venezuela para contrarrestar el Area de Libre Comercio de las Américas (Alca) que promovían varios países latinoamericanos y Estados Unidos.

El grupo lo conforman, además de sus fundadores, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda.

Este mismo jueves, los miembros del Alba denunciaron en la ONU "una tentativa de golpe de Estado" en contra de Zelaya. Representantes de estos países se encuentran en Nueva York, en donde participan de una conferencia internacional de tres días que busca alternativas para hacer frente a la crisis económica mundial.

En Tegucigalpa, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó este jueves restituir al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por el presidente Zelaya tras no acatar una orden de repartir urnas electorales para una consulta sobre una reforma constitucional prevista el domingo.

Zelaya aspira a modificar la Carta Magna para permitir la reelección presidencial, pero esa iniciativa fue considerada ilegal por el Tribunal Supremo de Elecciones, el Congreso y la Fiscalía, además de la mayoría de las organizaciones sociales.