“Mel” Zelaya enfrenta 18 delitos en tribunales

El Ministerio Público (MP) interpuso ante los tribunales de justicia un requerimiento fiscal en contra de Manuel Zelaya Rosales.

El requerimiento fiscal se formalizó el pasado viernes ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad, traición a la patria y usurpación de funciones, informó el fiscal general Luis Rubí en conferencia de prensa.

La acusación se deriva de su proyecto de llevar a cabo una encuesta y cuarta urna para instalar una Constituyente.

En fecha 25 de marzo, el fiscal general y el fiscal adjunto del MP, Luis Rubí y Roy Urtecho, respectivamente, advirtieron sobre el peligro y convulsión social en que se estaba poniendo a la nación hondureña dado el incumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República.

"Se pidió, mediante los canales jurídicos pertinentes a los funcionarios del Estado, abstenerse de participar en una actividad suspendida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia firme; desafortunadamente, ninguna orden de la autoridad competente fue obedecida y se tomaron decisiones oficiales desafortunadas que continuaron en la línea de ilegalidad y del rompimiento del orden constitucional", reza el comunicado.

"Ante esta situación, el Ministerio Público, tal como lo venía advirtiendo y argumentando jurídicamente su posición, y dada la publicación del decreto No. 020-2009 en el diario oficial La Gaceta, con fecha 25 de junio de 2009, en cumplimiento de su misión ineludible, el viernes 26 anterior dispuso interponer requerimiento fiscal contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales por delitos contra la forma de gobierno, abuso de autoridad, traición a la patria y usurpación de funciones de acuerdo a lo establecido en la legislación penal vigente y en la Constitución de la República, realizando desde ese mismo momento las acciones procedimentales pertinentes para su correspondiente captura y su resguardo físico", detalla un comunicado emitió ayer por el MP.

En el libro de entrada del Juzgado de Letras Penal se registra el expediente No. 477-2009 por 18 delitos contra Zelaya Rosales. El requerimiento fiscal fue turnado a la Coordinación del Juzgado, bajo la responsabilidad de Emily Page, adaptándose la medida que el caso de maneje en secretividad. "Le demostramos (a Zelaya) que había abusado de su poder, que estaba por encima de la ley, que no acataba ninguna disposición, en consecuencia volvió al país un Estado fuera de Derecho, eso es lo que vamos a acreditar", afirmó.

Cumpliendo un mandato judicial, elementos del Ejército detuvieron a Zelaya para ser remitido el pasado domingo a Costa Rica.

"Todo se ha hecho de conformidad a lo que establece la ley y obviamente al ex presidente de la República se le siguió todo el procedimiento que establece nuestro ordenamiento jurídico", expresó el fiscal.

Libran orden de captura

En el requerimiento fiscal, el MP solicitó al juzgado que se librara la orden de captura contra Zelaya Rosales, la que obtuvo una respuesta positiva.

"Esta Fiscalía ha presentado un requerimiento fiscal contra el ex presidente de la República (Zelaya), sobre el cual hay una orden de captura y posteriormente estaremos librando a Interpol para que sea capturado en cualquier lugar donde se encuentre y que realmente se le pueda juzgar en nuestro país", manifestó.

Zelaya Rosales anunció que mañana estaría retornando al país.

"Las autoridades tienen orden de que cuando ingrese al país sea de inmediato capturado y puesto a la orden de la Fiscalía, y posteriormente a los Tribunales de la República", afirmó.

"Especialmente, la Policía tiene que darle cumplimiento a la orden dictada por los tribunales competentes y, si se encuentra en el territorio nacional, la policía tiene la obligación de capturarlo, darle el trámite correspondiente y ponerlo a la orden de los tribunales; se le va a continuar con el trámite correspondiente, de eso que no le quede la menor duda", reafirmo Rubí.

Funcionarios investigados

El fiscal general aclaró que el MP solo ha interpuesto un requerimiento fiscal contra Zelaya y que los funcionarios de su gabinete continúan siendo investigados.

"No hay un tan solo detenido, no hay un tan solo requerimiento fiscal; de los ciudadanos que integraban el Poder Ejecutivo del ex presidente Zelaya, a ninguno se les ha instruido requerimiento fiscal", aseguró Rubí.

En tal sentido, añadió, no hay ninguna situación que justifique que a los colaboradores de "Mel" se les altere la paz, la libertad de movimiento, y por ende pueden hacer uso de los derechos y garantías que otorga la Constitución.

Habrá más acusaciones por actos de corrupción contra funcionarios del gabinete de "Mel", expresó.

Informó que el embajador de Francia, Laurent Dominati, le consultó sobre cuál es la situación de la familia de Zelaya Rosales.

"Le hemos dicho que contra ellos no hay ninguna acción, lejos de eso les podemos brindar todas las garantías que requieran y si ellos quieren salir del país les brindamos todas las oportunidades", manifestó el fiscal.

Informó que, en vista de que no hay vuelos, por voluntad propia la familia de "Mel" decidió abandonar el país con rumbo a El Salvador, con todas las garantías que les corresponde.

Manifestaciones pacíficas

El MP hizo un llamado a la calma ante las circunstancias que acontecen en el país.

"Dada la situación convulsiva que las consecuencias de estas acciones jurídicas han ocasionado, a la ciudadanía en general le hacemos un vehemente llamado a la calma y al sosiego a fin de garantizar que el gobierno de transición, nombrado constitucionalmente por el Congreso Nacional, resuelva por la vía del diálogo y la reconciliación esta situación que vive el país en el actual momento", expone el MP.

Sobre el particular, el ente acusador del Estado pidió a los cuerpos de seguridad del Estado, tanto a la Policía Nacional como a los miembros de las Fuerzas Armadas, que no impidan el derecho a la manifestación de las personas, que no abusen de la fuerza y que preserven la seguridad de los ciudadanos. De igual forma, el MP solicita a los manifestaciones que sus acciones las realicen de forma pacífica, dentro del marco legal, y evitar lesionar la integridad física de personas y daños a la propiedad.

Las autoridades del MP instruyeron a las fiscalías de Derechos Humanos, Delitos Comunes y regionales que documenten e investiguen cada uno de los hechos acaecidos durante las manifestaciones públicas y se proceda conforme al derecho corresponde.

Transición constitucional

Para el fiscal general existe desinformación en el campo internacional sobre lo acontecido en el país.

"De lo que yo he podido observar hay mucha desinformación (en el ámbito internacional), Honduras es un país que está constituido por leyes y vive en un estado de derecho, nadie de afuera nos va a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer; los problemas los resolvemos nosotros los hondureños, respetando la Constitución de la República y las leyes", manifestó. "Se siguió con el procedimiento establecido por la Constitución de la República, el señor Roberto Micheletti está ejerciendo la condición de presidente de la República dentro de la legalidad. Aquí en el país hay un nuevo presidente que se llama Roberto Micheletti", afirmó el fiscal general.

MP apoya proceso de diálogo nacional

El Ministerio Público hizo un llamado a la calma a fin de garantizar que el gobierno de transición, nombrado constitucionalmente por el Congreso Nacional, resuelva por la vía del diálogo y la reconciliación la situación que actualmente vive el país.

"El Ministerio Público apoya decididamente el proceso de diálogo que ya ha iniciado y se ofrece el respaldo debido al abogado German Leitzelar, quien ha sido nombrado como Comisionado Nacional para coordinar e impulsar dicho proceso ciudadano", cita un comunicado del ente acusador del Estado, firmado por los fiscales generales Luis Rubí y Roy Urtecho.

Para ese efecto, las autoridades del MP reafirmaron ayer su compromiso de velar por los intereses de la ciudadanía aportando para ello el Consejo Ciudadano, órgano de apoyo a la gestión del MP, a fin de procurar un éxito en el diálogo nacional.

"Finalmente, hacemos una respetuosa excitativa al nuevo presidente de la República, Roberto Micheletti, y a los miembros de su gabinete, para que cada una de sus acciones se realice en el estricto respeto a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes del país", reza el comunicado.

"Recuerden permanentemente que tienen el sagrado compromiso de conducir a Honduras a la realización de un proceso electoral limpio y transparente", concluye.

Los delitos

* Usurpación de funciones. El delito está consignado en el capítulo IV del Código Penal, en el artículo 292 se expone: "Quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndole carácter oficial, será sancionado con 2 a 3 años de reclusión.

* Traición a la patria. En el artículo 302 se expone: "Comete el delito de traición y será castigado con la pena de reclusión de 15 a 20 años el que ejecute actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado.

* Delitos contra la forma de gobierno. En su artículo 328, el Código Penal dice: "Delinquen contra la forma de gobierno y serán sancionados con reclusión de 6 a 12 años, quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales algunos de los fines siguientes: 1) Reemplazar el gobierno republicano, democrático y representativo por cualquier otra forma de gobierno. 2) Alterar la constitución de cualquiera de los poderes del Estado, Ejecutivo o Judicial, o atacar su independencia. 3) Despojar en todo o en parte al Congreso, al Poder Ejecutivo o a la Corte Suprema de Justicia, de las prerrogativas y facultades que les atribuye la Constitución. 4) Variar el orden legítimo de suceder a la Presidencia, o privar al sucesor del Presidente de las facultades que la Constitución le otorga.

* Abuso de Autoridad se especifica en el artículo 349, del Código Penal. "Será castigado con reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales.