Dos tribunales juzgarán a José Manuel Zelaya

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un comunicado especial, expone una relación documentada de los hechos acaecidos y la situación prevaleciente en el país con motivo de la sustitución constitucional del titular del Poder Ejecutivo, José Manuel Zelaya Rosales.

La relación de hechos expuesta en el comunicado inicia cuando el 27 de mayo el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia interlocutoria ordenando la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos.

Dos días más tarde, exponen los magistrados, a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado aclaró la sentencia en el sentido de que los efectos de la suspensión incluyen cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular, que se haya emitido o se emita, que conlleve al mismo fin de celebración de la encuesta.

Los acontecimientos en que tuvo participación la CSJ prosiguieron y esto tuvo su relevancia cuando el pasado jueves el MP interpuso el primer requerimiento fiscal contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

"Con fecha 26 de junio de 2009, a raíz de requerimiento fiscal de fecha 25 de junio de 2009, presentado por el Ministerio Público contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, a quien se le acusa como responsable, a título de autor de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras", expone el numeral 8 del comunicado especial. Una vez interpuesta esta acusación se le decretó secretividad, medida que fue suspendida.

"Por unanimidad de votos, la Corte Suprema de Justicia, designó a uno de sus magistrados para que conozca el proceso en las etapas preparatoria e intermedia, quien admitió el requerimiento, dictó orden de captura y de allanamiento", expresa el comunicado.

Esta primera acusación es conocida por la Suprema Corte en vista de que Zelaya Rosales será juzgado como alto funcionario, ya que aún no había renunciado al cargo de presidente de la República.

El pasado viernes, ante solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo libró orden a las Fuerzas Armadas para que, ante la desobediencia del Poder Ejecutivo, suspendiera toda actividad relacionada con una consulta o encuesta que se llevaría a cabo el domingo anterior, así como al decomiso de todo el material de la encuesta que se utilizaría en esa actividad previamente declarada ilegal.

El decomiso

El domingo en que se celebraría la encuesta, las Fuerzas Armadas decomisaron el material para la misma y detuvieron a Manuel Zelaya para enviarlo a Costa Rica.

"Con fecha 28 de junio de 2009, el Poder Judicial emitió comunicado al pueblo hondureño y a la comunidad internacional dejando constancia de que si el origen de las acciones de ese día estaba basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el imperio de la ley", recalca el comunicado. En el último numeral, el pleno de magistrados informa sobre la segunda acusación interpuesta contra Zelaya Rosales.

"Con fecha 29 de junio de 2009, a raíz del segundo requerimiento fiscal de fecha 26 de junio de 2009, presentado por el Ministerio Público contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, a quien se le acusa como responsable, a titulo de autor, de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, ordenó se remitieran las actuaciones al Juzgado de Letras Penal Unificado, para que se continúe con el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal Penal, en vista de que el ciudadano Zelaya Rosales a esta fecha ya no ostentaba el carácter de alto funcionario del Estado", informa el comunicado especial del pleno de la CSJ. Esta segunda acusación se interpuso el día en que el Poder Ejecutivo anunció la emisión del decreto PCM-020-2009, en el cual oficializa el proyecto Encuesta de Opinión Pública Convocatoria a una Constituyente.

El pleno de magistrados de la CSJ califica como una "sustitución constitucional" la separación del cargo de Zelaya Rosales como titular del Poder Ejecutivo, el que fue asumido por Roberto Micheletti, como lo ordena la Constitución. El presidente de la CSJ y del Consejo Judicial Centroamericano, Jorge Alberto Rivera, comunicó a los presidentes de las cortes supremas de justicia de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, República Dominicana, miembros de este Consejo, las decisiones emitidas por el Poder Judicial. Específicamente la que declara ilegal la pretensión de llevar a cabo una encuesta de opinión a realizarse fuera del marco de la legalidad establecida en la Constitución de la República, cuya responsabilidad es facultad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral.

"Es menester pronunciarse en el sentido de que todas y cada una de las actuaciones y resoluciones que los órganos jurisdiccionales han adoptado y emitido obedecen única y exclusivamente al cumplimiento de nuestros deberes y se encuentran enmarcadas dentro de los parámetros que el principio de la legalidad prescribe", expresa un pronunciamiento de los magistrados del Poder Judicial.