Corrupción que manifestantes usen escuelas y colegios

Las aulas son utilizadas para albergar a manifestantes afines a Manuel Zelaya Rosales.

La dirigencia magisterial prefiere irse a las calles para exigir que Zelaya vuelva al poder, que cumplir el derecho constitucional de brindar educación a los niños, niñas y adolescentes.

El uso de centros educativos para albergar nacionales y extranjeros, como el que se pierdan mas días de clases, es cuestionado por la Fiscalía de Derecho Humanos.

“Deploramos una vez más que para realizar demandas que no tienen nada que ver con los intereses de los niños, los maestros atropellen el derecho a la educación”, manifestó la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce.

Los dirigentes mantienen su posición de no impartir clases, demanda política que no tiene nada que ver con el deber de brindar educación.

La fiscal afirmó que la dirigencia magisterial no debe eludir la responsabilidad que deriva a los maestros del abandono de sus puestos.

La Fiscalía reiteró el llamado a las autoridades educativas a que impongan sanciones disciplinarias a los docentes, entre ellas amonestaciones verbales, deducción de salarios y despidos.

Abuso de autoridad

Para la fiscal, es ilegal que centros educativos se utilicen para albergar a manifestantes, obstruyendo que los alumnos puedan recibir clases.

“Creo que hay un abuso, los centros educativos tienen una finalidad de un bien público, si se utilizan para otro fin que no es el que está previsto hay un abuso de autoridad, inclusive hay un acto de corrupción”, expresó la fiscal.

“La corrupción implica en forma general el subvertir la finalidad de un bien público para beneficio propio, acá hay un colectivo que está apoyando una causa que tienen el derecho de hacerlo, es legítimo, pero no en detrimento de los derechos de otros o incumpliendo los deberes de su cargo, están nombrados como maestros su máxima responsabilidad es asistir las escuelas y dar las clases, no hay motivo para que no lo hagan”, recalcó.

* PONDERACIóN: La Constitución de la República, que “Mel” pretendió derogar, reconoce derechos como el de la educación, garantía que esta por encima de demandas salariales o de índole político.