CN encuentra rechazo en Sociedad Civil a la amnistía

El presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, anunció que este jueves se conocerá un informe preliminar de la comisión nombrada al efecto para estudiar la propuesta de declarar amnistía por los supuestos delitos políticos cometidos por el gobierno del depuesto presidente Manuel Zelaya Rosales.

El "Acuerdo de San José", como se le denomina a la propuesta de mediación del presidente Óscar Árias, de Costa Rica, plantea que para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia el Congreso Nacional debe emitir una declaratoria de amnistía general, exclusivamente para los delitos políticos cometidos con ocasión de los hechos que dieron origen al conflicto político, antes y después del 28 de junio y hasta la firma del acuerdo.

La comisión legislativa dará un informe sobre si procede declarar amnistía, no sin antes haber hecho las consultas respectivas con los diferentes sectores de la sociedad civil organizada, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, dijo Saavedra.

La comisión del Congreso está encabezada por los diputados Toribio Aguilera, Enrique Rodríguez Burchard, Rodolfo Irías Navas, Ramón Velásquez Názar, Donaldo Reyes, Emilio Cabrera y Ricardo Rodríguez.

Las consultas

Para que el Legislativo pueda tener una opinión con respecto al tema de la amnistía se ha dado a la tarea de escuchar a diferentes sectores sobre si es valedero o no este punto que compone el "Acuerdo de San José", sin embargo, el CN ha encontrado un rechazo casi generalizado en los diferentes sectores de la sociedad civil que han sido consultados.

Ramón Velásquez Názar es vicepresidente del Congreso Nacional y miembro de la comisión parlamentaria que trabaja en el informe relacionado a la amnistía y dijo que el procedimiento que están siguiendo consiste en consultar a los diversos sectores de la sociedad.

"En lo que hemos hablado con algunos sectores no hay realmente una voluntad de darle amnistía al ex presidente, la población consultada está en contra totalmente; nuestra obligación ahora es desarrollar una actividad pedagógica para que el pueblo hondureño entienda que una cosa es la amnistía y otra cosa es el indulto, si hablamos de la amnistía y se refiere a delitos políticos y es una gracia que puede ser aceptada o no, pero que quedará a disposición de todos los que puedan estar involucrados en los hechos".

Velásquez agregó que "la restitución de Zelaya no le corresponde al Congreso y de hecho aquí hay separación de poderes; el Congreso fijará su posición en el tema de la amnistía, pero se ve difícil que el informe sea favorable. Hasta este momento, la posición de las organizaciones ha sido en contra y son organizaciones como la Unión Cívica Democrática, y esperamos para hoy las posiciones de los universitarios, las iglesias, las federaciones de organizaciones privadas".

Otro de los temas surgidos en el legislativo en torno a la amnistía es que para conceder un perdón el imputado primero debe ser declarado culpable, por lo tanto, Zelaya debería ser sometido a la justicia y ser vencido en juicio.

La comisión del Legislativo escuchó ayer a los representantes de la Unión Cívica Democrática (UCD).

La representante de la UCD, Armida de López Contreras, manifestó que "nuestra posición es firme, un no rotundo a la amnistía de Zelaya y su equipo de colaboradores".

Delito electoral

El Tribunal Supremo Electoral se pronunció este martes en contra de adelantar los comicios, señalando que "la modificación de la fecha de las elecciones afecta dramáticamente todo el cronograma electoral". Por lo tanto, obstaculizar su desarrollo sería un "delito electoral".

El TSE advierte de una serie de implicaciones jurídicas, políticas y administrativas que deberán tomarse en cuenta para tomar una decisión de tal naturaleza.

"La ejecución del proceso electoral hondureño está diseñada de forma que sus plazos están directamente vinculados con la fecha de la práctica de las elecciones generales (29 de noviembre del 2009), iniciando por su convocatoria, la que se realizará seis (6) meses antes, y concatenados de tal manera que la modificación de la fecha de las elecciones afecta dramáticamente todo el cronograma electoral", dice en respuesta al "Acuerdo de San José".

El "Acuerdo de San José" pide celebrar las elecciones el 28 de octubre y el 1 de agosto iniciar la campaña electoral.

"Este tema", añade el TSE, "es tan sensitivo que incluso la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en su artículo número 212, numeral 19, tipifica como delito electoral el obstaculizar el desarrollo del cronograma electoral".

"El adelantamiento de la fecha de las elecciones generales al 28 de octubre del corriente año, tal como lo establece la propuesta de San José, que a nuestro juicio en todo caso debe recaer en un día domingo y no miércoles, como está propuesto, conlleva", dice el TSE, varias implicaciones.

Entre ellas plantea las "jurídicas-administrativas" porque se violentaría el artículo 45 de la Constitución de la República, que establece: "se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país". "No hay duda", dice el ente colegiado, "de que el adelantamiento en la fecha limita la participación de los nuevos ciudadanos, al dar por vencido anticipadamente el plazo para obtener su tarjeta de identidad".

"Se violentaría igualmente el artículo 64 de la Constitución de la República, que establece que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan" y, en concreto, el adelantamiento de las Elecciones restringiría los derechos de los ciudadanos", establecidos en la Ley Electoral.

La ley fija plazos para obtener la tarjeta de identidad, actualizar su domicilio electoral, el derecho a presentar reclamos al padrón electoral y garantizar el ejercicio del sufragio. Si se adelantan las elecciones, estos plazos "se darían por vencidos anticipadamente, impidiéndoselos o restringiéndoselos, según sea el caso".

El TSE también advierte que, de adelantarlas, se necesitarán unos cien millones de lempiras adicionales.

Sobre el adelanto de la campaña, plantea que generaría "condiciones desiguales para unas organizaciones políticas respecto a otras".

Para adelantar las elecciones y la campaña se deberán hacer reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, dice el ente regulador de procesos electorales. Sin embargo, pese a las advertencias, el TSE deja la última palabra a las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral.

Fuerzas Armadas

Sobre la idea (ya establecida en la Constitución) de poner las Fuerzas Armadas a la orden del TSE un mes antes de las elecciones, el TSE dice: "Para el cumplimiento de esta responsabilidad, el Tribunal Supremo Electoral requiere de la disponibilidad de casi la totalidad de la logística y personal de las Fuerzas Armadas de Honduras. Es esencial que las Fuerzas Armadas estén en este período dedicadas casi exclusivamente a la función arriba encomendada, sin tener que distraer sus esfuerzos en tareas que conlleven el uso de sus recursos en otras acciones ajenas al proceso electoral".

* Así pasa:

ZELAYA. El presidente depuesto, Manuel Zelaya, se ha atrincherado en la localidad nicaragüense de El Ocotal, a 25 kilómetros de la frontera con Honduras.

MICHELETTI. Se mantiene al tanto de la situación a través de los informes de inteligencia policial y militar.

CONGRESO. Bancadas decidirán si aprueban el informe de la comisión especial.

Micheletti pide ampliar diálogo de San José

El gobierno interino del presidente Roberto Micheletti ratificó ayer su apoyo al "Acuerdo San José" y pidió a su mediador, el mandatario de Costa Rica, Óscar Arias, iniciar de inmediato en Honduras un diálogo con la participación de todos los sectores de la sociedad y con la colaboración de una misión designada por este último.

En un comunicado de prensa leído por el secretario de Información, René Zepeda, el gobierno hondureño aseguró que cree con toda firmeza que el diálogo de San José es el mejor camino para alcanzar el consenso en el país. "Mientras esperamos su respuestas, ha quedado muy claro que nuestros ciudadanos necesitan apoyar y ampliar el diálogo de San José con un diálogo en Honduras, es decir entre nuestro propio pueblo", subrayó el documento.

Esta comunicación efectiva debe incluir a todas las partes de la sociedad civil, las iglesias, gremios, grupos estudiantiles, asociaciones de empresarios, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos y universidades; y los resultados que se tengan del diálogo de San José serán articulados y promulgados por todos esos elementos de la sociedad civil, por lo cual deben ser alentados y animados a iniciar este diálogo inmediatamente. "Muy respetuosamente, el presidente Roberto Micheletti pone esta intención a consideración del presidente Óscar Arias, y con el mismo respeto le pide que envíe una misión a Honduras para que colabore con el inicio del diálogo en nuestro país", agrega la propuesta.